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Siria, Damasco .- Siria lleva cuatro años en guerra y desde entonces, decenas de miles de personas han desaparecido de forma forzosa. Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno sirio, de forma sistemática y organizada, recurre a este método para aterrorizar a la población y al mismo tiempo para financiarse. El régimen utiliza esta práctica para castigar a opositores y también para comerciar en el mercado negro con información sobre las víctimas.
En el documento Entre la cárcel y la tumbra. Desapariciones forzadas en Siria, la organización explica que esta práctica -considerada como un crimen contra la humanidad- se produce cuando una persona es detenida por agentes gubernamentales, que posteriormente niegan que esté retenida y ocultan su paradero. Según Amnistía, este delito tiene lugar de forma generalizada en el régimen de Bachar al Asad y supone “un ataque calculado y a sangre fría” contra la población civil.
Desde que comenzó el conflicto en 2011 hasta agosto de 2015, más de 65.000 personas han desaparecido, entre ellas, 58.000 son civiles, según la Red Siria de Derechos Humanos.
El método, por una parte, busca sembrar el terror y aplastar todo signo de disidencia, ya que entre las personas que han desvanecido sin dejar rastro figuran manifestantes, activistas, periodistas o trabajadores humanitarios. Por otra, el informe revela que el estado se está beneficiando de esta práctica a través de “intermediarios” que cobran altas cantidades de dinero a los familiares de las víctimas a cambio de información.
Un mercado negro de información sobre los desaparecidos
Los familiares, además, en muchas ocasiones son arrestados al acudir a los centros de detención a preguntar, con lo que ante el creciente temor a convertirse en víctimas de esta práctica, recurren a los “intermediarios”. Los entrevistados por Amnistía aseguran que se han visto obligados a pagar a este tipo de agentes -muy cercanos a las autoridades- para conocer detalles sobre el paradero de sus seres queridos o saber si siguen vivos. En ocasiones, incluso, la información que reciben es falsa.
Philip Luther, responsable de Aministía para Oriente Medio y Norte de África, destaca que está produciendo “una cruel explotación” por parte del régimen, que se enriquece con estos sobornos. Según recogen varios testimonios en el informe, este “insidioso” mercado negro se ha convertido en una importante fuente de efectivo para el Gobierno.
La organización subraya que en los dos últimos años las desapariciones han aumentado tanto para realizar ajustes de cuentas como para obtener beneficios económicos. El número de actores que tratan de aprovecharse del mercado se incrementa, y con él, el número de ausentes, explica la ONG.
El informe, que se centra en las desapariciones forzosas por parte del estado y excluye los secuestros llevados a cabo por otras organizaciones armadas, destaca además la grave situación en la que se encuentran los arrestados. Viven en celdas abarratodas, en terribles condiciones y aislados. Además, están desprotegidos, al margen de la ley: no tienen acceso a abogados ni derecho a un juicio justo. Además, algunos también son sometidos a torturas o agresiones sexuales. Mientras, fuera, los familiares, experimentan angustia y desesperación.
Para realizar el documento, la organización se ha puesto en contacto con 71 allegados a desaparecidos forzosos, con ocho personas víctimas directas de este método y con 14 expertos internacionales en el tema.
“Hacen falta más que palabras”
Amnistía exige al Gobierno sirio que finalicen tanto las desapariciones forzosas como las detenciones arbitrarias. Además, pide al presidente Bachar al Asad que permita la entrada de observadores internacionales en las cárceles para examinar la situación de los miles de civiles que están retenidos.
Pero, asimismo, la ONG solicita una respuesta más contundente por parte de la comunidad internacional. Si bien algunos Estados y la ONU han condenado las desapariciones, Amnistía recuerda que “hace falta más que palabras”. De este modo, urge al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a llevar este problema ante la Corte Internacional Penal y a imponer sanciones. También recuerda que países como Rusia e Irán, que apoyan al régimen de Al Asad, “no pueden lavarse las manos ante estos crímenes masivos contra la humanidad”.
Fuente: RTVE.es/Agencias
