DICEN PUNTO COM
Por Julio A. Altagracia Guzmán
El Horizonte, Santo Domingo RD.- La Constitución Dominicana, como madre de todas las leyes dominicanas, es la encargada de garantizar el orden jurídico de nuestra nación y de manera especial el orden en nuestro accionar político. En ella se establece el camino para la convivencia armónica y su cumplimiento nos garantiza la paz y tranquilidad social en todos los órdenes.
La lucha por un Estado Democrático de Derecho implica mantener un equilibrio constante entre los principios del constitucionalismo y la voluntad política expresada en los procesos democráticos. El punto de encuentro entre las ideas jurídicas, la voluntad política y, los procedimientos de reforma constitucional, es donde se evidencia una tensión permanente en República Dominicana, pero ahí es donde se resuelve la disputa entre el concepto liberal de la Constitución como una restricción del poder, y la determinación de las mayorías, quienes ven en ella, una potenciadora del poder personal.
Por eso en momentos que las ambiciones sin límites en el ámbito político están desbordando la racionalidad en las actuaciones de una parte de los lideres de las organizaciones políticas de nuestro país y en las que con frecuencia lucen fuera de todo control, se impone con cierta urgencia asumir y desarrollar acciones que de algún modo sirvan de valladar o reten para poner límites a esos desvaríos conductuales y poner orden en el quehacer político de la Republica Dominicana.
En este escenario, es asombroso y hasta preocupante los niveles de irrespeto e irracionalidad frente a las buenas normas, las leyes y a la verdad, con que muchos líderes y dirigentes políticos conducen sus actuaciones dejando ver que su único propósito es llegar al poder sin importar cómo, y sin valorar que para ellos tengan que llevarse de encuentro, verdades, normas, principios, honras y personas o instituciones.
En atención a lo anterior y por otras razones, no menos importantes, de nuestro ordenamiento jurídico, se hace imperativo que asumamos de manera responsable la decisión patriótica, si se quiere, de convocar a una Reforma Constitucional para introducir las adecuaciones pertinentes que permitan establecer normas cuyo cumplimiento obliguen a todos a una conducta democrática, honesta, transparente y acorde con los más altos estándares de la vida política civilizada, resguardando siempre la igualdad en los Derechos de todos los dominicanos.
Al promover esta reforma sería bueno observar que quienes cuestionan la necesidad de introducir adecuaciones a nuestra Constitución, son los mismos que en su oportunidad se hicieron trajes a la medida con la misma, y que ahora temen que en las reformas propuestas se introduzcan más normas democráticas y garantistas de los derechos fundamentales, pero que la misma pongan frenos a pretensiones enfermizas de retornar a un poder del que fueron desalojados de manera vergonzosa por la voluntad del pueblo dominicano.
Se debe observar además que quienes cuestionan la conveniencia de hacerle profundas reformas y adecuaciones a nuestra constitución son los mismos que la han modificado cuantas veces han podido para adecuarlas a sus intereses particulares, pero que ahora temen que la misma ponga candados para que los que han sido o sean presidente de la república por dos periodos, se le impida volver a ser candidato por el resto de su vida y que los presidentes de las diferentes organizaciones políticas, los legisladores y los funcionarios municipales, se le ponga límites para que no puedan permanecer en sus cargos por tiempos indefinidos.
Debemos observar también que los que se oponen a la reforma constitucional, le preocupa que con la misma se le ponga fin al relajo de modificar la constitución, para el continuismo a su favor, cada vez que quieran al introducirle normas de seguridad (candados) que establezcan que para aprobar la Ley de convocatoria para la modificación constitucional, se requiera que esta se apruebe con un minino del 80% de la matrícula de ambas cámaras legislativas y que para la modificación constitucional en sí, se tenga que convocar a un referéndum nacional, con la capacidad única de aprobar las modificaciones que se introduzcan.
Es por ello que dada la situación de desenfreno en que hemos caído en el orden político de nuestro país, se hace casi indispensable que nos aboquemos de inmediato a una seria y profunda modificación constitucional, ya que esto es un asunto vital para nuestra democracia y la
coexistencia como nación. En ese orden debemos aprovechar la condición muy especial de que en estos momentos tenemos el privilegio de tener en la dirección del Estado, a un político que se ha ganado la confianza del pueblo dominicano, por lo que este es el mejor momento para que con los mayores niveles de seguridad, podamos poner orden y que este sea aceptado por la mayoría de los dominicanos.
En tal virtud, no solo apoyamos la modificación constitucional que propone el presidente Luis Abinader, sino que invitamos a todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad y que aman su país, a apoyarlo sin reservas.
Dr. Abogado y Político Julio Antonio Altagracia Guzmán
