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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Jonathan Pérez Fulcar, aseguró este jueves que el Ministerio Público obtendrá una sanción drástica contra los acusados en el entramado de corrupción administrativa, que estafó al Estado con más de RD$4,500 millones de pesos y que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.
“Como hemos visto desde el principio de este proceso judicial, al momento de la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público obtuvo lo que pidió, posteriormente logramos que le sea aperturado el juicio a cada uno de los acusados, e incluso, ya hay algunos condenados de manera previa. Bajo la misma lógica, vamos a obtener la condena solicitada en este juicio”, indicó Pérez Fulcar a la salida de la audiencia.
A pesar del interés mostrado por la barra de la defensa, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dejó iniciado el juicio con la lectura del dispositivo acusatorio. Esto, tras ser desglosada la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, a solicitud del Ministerio Público. Dichas fundaciones, acusadas de blanquear capitales sustraídos del erario, alegaron que no tienen dinero para cubrir sus gastos legales.
Las juezas Gissell Méndez, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, además, acogieron la solicitud del titular de Pepca, Wilson Camacho, y declararon en rebeldía a la Distribuidora KF, S.R.L. y a la Distribuidora TAFL, S.R.L., ambas razones sociales representadas por René Azolón Vicioso.
Este jueves, el Ministerio Público avanzó hasta la página 298 de la acusación y, tras ser aplazada la audiencia, el tribunal pautó para el próximo jueves 4 de julio, a la 9:00 de la mañana, la continuidad de la lectura.
Acusación
El Ministerio Público señala al general Adán Cáceres Sivestre, exjefe del cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como la persona que dirigió el entramado de corrupción, de 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, que desfalcó al Estado con más de 4,500 millones entre los años 2012 y 2020.
Así mismo, sustrajeron los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados están, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Julio Camilo de los Santos Viola; el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
De igual manera, al general Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y José Manuel Rosario Pirón, así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.
