DICEN PUNTO COM
Por: José Luis Taveras. Abogado, escritor.
El costo de los bienes y servicios que integran la canasta familiar básica finalizó al cierre de enero pasado en RD$44,927.30. El salario mínimo en la República Dominicana es de RD$19,352.50, colocado como el antepenúltimo más bajo en la escala salarial de América Latina. Eso significa que, si las cabezas de una familia perciben tales ingresos, sus aportes quedan aún por debajo de los costos de la canasta. En ese escenario se impone un tercer empleo o una ocupación económica extra.
Comparto cercanamente con personas de clase media baja y baja, segmentos de mayor asiento social. Converso con ellas en la iglesia, en el trabajo o en ocasión de la contratación de oficios. Al inquirirlas sobre las condiciones de vida, el relato común es que lo hacen al ras, improvisando malabares para poder cubrir déficits corrientes; sacrificando, los más pobres, hasta una ingesta diaria cuando hay que comprar medicamentos. Sin embargo, reconocen de distintas maneras que habitualmente “aparece” una “picada”, que es como identifican a una fuente contingente de ingresos y que puede depender de un palé, de un trabajo ocasional, de una ayuda familiar, de la venta de algún bien o de una remesa extranjera. Ese ingreso suplementario tiene, para algunos, designio providencial, como una suerte de “maná”. Uno de los cuestionados me dijo con toda la convicción de su fe que “la provisión de Jehová es un sistema infalible de previsión social“.
En el 2023, el Instituto de los Dominicanos en el Exterior (INDEX) estimó en 2,835,593 los ciudadanos dominicanos que viven fuera del país. Los principales destinos son Estados Unidos, España, Italia y Puerto Rico. Con 2,393,718 los inmigrantes de la República Dominicana son el cuarto grupo hispano más grande en los Estados Unidos, después de los mexicanos, salvadoreños y cubanos.
En la cultura del inmigrante dominicano prevalece la expectativa del retorno; eso explica el arraigo que lo ata al lugar de origen. Uno de los nexos que mantiene activa esa relación son las remesas, un aporte solidario de los dominicanos del exterior a favor de sus familiares.
Las remesas son prestaciones bondadosas en tanto aportaciones directas al presupuesto de las familias receptoras, destinadas, en su mayor parte, a cubrir gastos ordinarios; además, constituyen una variable relevante para el análisis macroeconómico porque son parte de la estadística que soporta la balanza de pagos.
La República Dominicana es el tercer país de América Latina en recibir remesas personales con valores de 10,157 o más millones de dólares en los últimos años, después de Guatemala (19,804) y México (67,000), que es el segundo del mundo y primero de la región. Esto representa una contribución del 9 % del PIB, más o menos equivalente al PIB consolidado de Aruba, Surinam y Belice correspondiente al 2023. Se trata de un flujo de ingresos que oxigena bastante bien la economía.
El efecto de las remesas en el amortiguamiento de la pobreza es extraordinario. Se estima que por cada diez hogares dominicanos ocho tienen algún familiar residente en el exterior. Y en algún momento esos inmigrantes remesan dinero, ropas o alimentos. Tales envíos representan un factor perentorio de descompresión social. Se trata del más grande “subsidio” con que cuenta el sistema. A pesar de su impacto, la mayoría de los dominicanos superviven rozando los límites, sin ingresos seguros ni suficientes para soportar una vida equilibrada ni para permitirle el ahorro.
En algún momento de nuestra agenda de nación habrá que abordar, junto a la reforma del sistema de seguridad social, las estructuras salariales. No es socialmente sostenible mantener las bases y montos vigentes, ni tampoco consentir impunemente en la informalidad como escape al precario sistema de retribución del trabajo en la República Dominicana. Y es que USD 334 mensuales es bochornoso si consideramos que países centroamericanos con un PIB nominal tres veces menor que el nuestro, como Honduras, tiene un salario mínimo de USD 339; Costa Rica de USD 687, El Salvador de USD 365 y Guatemala de USD 417. Si a esa realidad se le suma un 57 % de la población económicamente activa dedicada a la informalidad ocupacional —cuando el promedio de la región latinoamericana es de un 29 %—, es para preocupar a gobiernos y sectores productivos. En la agenda de un pacto social, que debe imponerse tras las elecciones de mayo del 2024, este debe ser un eje de primera atención.
No es exagerado afirmar que las remesas han evitado a los gobiernos situaciones de perturbación social. Cuando el presente es un desafío por abordar cada día y no existen las premisas para planificar un futuro seguro, a las sociedades les quedan dos caminos: amotinarse o huir. Los dominicanos han preferido escapar sin reparar muchas veces en los medios ni en el precio. Si ese cuadro no cambia y las inequidades se profundizan, no nos extrañemos de que cualquier situación política pueda catalizar “de repente” una fractura social a pesar del aparente clima de acato social que vivimos. Entonces nos acordaremos de lo poco que hicimos para evitarla.
