DICEN PUNTO COM
La Fiscalía de Santiago solicitó prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los integrantes de una red criminal que se dedicaba a falsificar resoluciones, contratos de fianzas y otros documentos judiciales, para lograr la libertad de imputados en casos penales que se desarrollan en los tribunales de este distrito judicial.
La instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente refiere que los procesados, entre los que cita a empleados del Poder Judicial, tramitaban documentos falsos “para favorecer, sobre todo, a imputados por tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos, entre otros hechos graves”.
La medida de coerción fue solicita contra Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Vázquez Pichardo, además, en contra de Ariel Antonio Bencosme Reyes, Eddy Alberto Franco y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez.
Estos enfrentaran cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano.
Según el Ministerio Público los hoy imputados incurrieron en la violación de los tipos penales en los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano, los cuales contemplan sanciones por los delitos de falsificación y alteración de documentos oficiales.
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público plantea que el imputado por delitos de estafa a través del cibercrimen, Jonathan Francisco Vásquez Ventura, quien guarda prisión preventiva, por la Operación Discovery, así como su padre el imputado Vásquez Pichardo, se asociaron con los demás miembros de esta red criminal.
Otros implicados
En esta red participaron activamente Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, el imputado Bencosme Reyes, quien se desempeña como supervisor de Archivo Central del Poder Judicial en Santiago; así como el imputado Franco, mensajero del Poder Judicial.
Modus operandi
La red se prestaba “para mediante el cobro de altas sumas de dinero y a sabiendas de que se trataba de un proceso ilegal, procurar la libertad del imputado, falsificar documentos, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza”.
