DICEN PUNTO COM
Reflexiones de Actualidad Política
Por: Julio A Altagracia G
Presidente del PVUD
En nuestro país, a simple vista, es notorio el afán denodado, proveniente de la oposición al gobierno, en aprovechar el mas elemental detalle en el accionar del Presidente de la República, para tratar de armar un caso que pueda ser convertido en tendencia o titulares, orientados únicamente, a dañar la confianza, la aceptación y el respeto, bien ganado, de que disfruta el Presidente Luis Abinader.
Los propósitos, a toda lucen erráticos y enfermizos, de la oposición, se han concentrado de manera exclusiva en desnaturalizar y distorsionar las mejores propuestas y acciones del Ejecutivo de la nación, haciendo interpretaciones convenientemente elaboradas.
Las actuaciones de la oposición pueden ser vistas como la única respuesta de que disponen, ante la realidad de que los números de aceptación popular de sus organizaciones políticas, de cara a las próximas elecciones generales, andan por el suelo, comparados con los del Presidente de la Republica y los del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Además, en el ambiente político nacional, se está interpretando el accionar de la oposición, como la única estrategia de que disponen, ante la carencia de propuestas moralmente sostenibles, conjuntamente con las más elevadas tasas de rechazos y las hemorrágicas estampidas de sus mejores cuadros políticos, elementos estos, que la obligan a crear falsas expectativas con vergonzosas distorsiones y falacias carentes de sustento, ignorando por completo la sagrada misión de los partidos en procura permanente del bien común, por encima de cualquier otro propósito.
En el Partido Verde de la Unidad Democrática, entendemos que es conveniente, por el adecentamiento de la política nacional, que a la oposición y a todos conviene asumir conciencia de que el accionar político errático e irresponsable de nuestras organizaciones políticas, está siendo observado por la Sociedad Dominicana, cada vez más empoderada y analítica de la conducta de sus dirigentes y de lo que más conviene al país, observaciones éstas, que sin duda, serán tomadas en cuenta y pasarán facturas el día de las próximas elecciones.
A una oposición responsable, de nada le sirve, más bien le hace daño, crear tendencias burbujas con ciertos temas, sostenidas con falsos argumentos que se desvanecen, de inmediato, con la verdad, convirtiéndose en shows de mal gusto, rechazados por la mayoria, por falta de sensatez, causando daños morales y políticos a sus promotores, sin ningún beneficio, si no más bien, consolidando, al final, la posición del Presidente y su Gobierno.
Un ejemplo palpable es el tema del proyecto de La Ley Integral Sobre Trata de Personas, Explotación y Trafico Ilícito de Migrantes, sometido a la consideración del Congreso Nacional, hace unos días, mismo que ha querido ser utilizado por la oposición como el hallazgo de una bomba nuclear para fulminar la imagen de una conducta ejemplar del Presidente Abinader, por la responsabilidad con que ha manejado los problemas de la migración haitiana hacia nuestro país.
Todo indica que la oposición ha asumido, que le cayó en las manos, como una tabla de salvación, el arma más poderosa para fulminar la reelección del Presidente Abinader, y en ese sentido ha desatado la más cruenta campaña, con denuestos y calificaciones abusivas y denigrantes, así la figura del Presidente de la República, sin que el Presidente se haya referido al tema, como lo hizo en el día de hoy, de manera humilde y responsable, según nos tiene acostumbrado, con los oídos puesto en el corazón del pueblo para escucharlo y actuar en consonancia con los más nobles intereses de la nación.
Ha quedado claro que el proyecto de Ley al que nos referimos está elaborado en forma y contendido con Acuerdos Internacionales de los que el país es compromisario, el cual debe ser conocido y adecuado a la situación particular de la Republica Dominicana, introduciéndole todas las modificaciones y mejoras que sean necesarias para evitar interpretaciones y aplicaciones que puedan afectar la soberanía nacional y nuestro sistema jurídico, ante de ser sometido nuevamente a la aprobación del congreso nacional en un plazo no mayor de 45 días, según dispuso el Presidente de la República.
