DICEN PUNTO COM
Amnistía Internacional (AI) se hizo eco en su dossier de tortura de 2022 de varios casos de malos tratos y torturas a detenidos durante las protestas del año pasado, así como recordó que hubo 35 mujeres víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios del Estado.
En su dossier anual, la organización de derechos humanos recoge los casos de Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, que “fueron golpeados y detenidos por civiles armados” en mayo del año pasado durante las protestas en la ciudad colombiana de Cali, donde mayores abusos policiales se produjeron.
Posteriormente estos tres jóvenes permanecieron 24 horas bajo custodia de la Policía de Cali y los dos hombres denunciaron “que habían sido sometidos a tortura y otros tratos crueles e inhumanos durante la detención”.
“Los actos de tortura y malos tratos son considerados crímenes de derecho internacional. Asimismo, en determinadas circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio”, recuerda la organización.
Además, AI es consciente de que “si eres pobre o perteneces a un grupo sometido a discriminación, tienes más posibilidades de sufrir torturas y menos recursos para defenderte”, por lo que pone especial énfasis en las mujeres negras, ya que entre las protestas del 29 de abril y julio del año pasado, también durante las protestas, el movimiento Proceso de Comunidades Negras denunció al menos 15 casos de violencia de género contra mujeres negras.
De la misma forma, la ONG Temblores documentó 491 mujeres que sufrieron violencia policial durante esas protestas, que comenzaron siendo en rechazo a la reforma tributaria que quería impulsar el gobierno pero se convirtieron en la muestra del descontento social, y de esas mujeres, 35 fueron “víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios del Estado”.
En el apartado de Colombia del dossier de tortura de este año de AI también se recoge la cifra de 109 casos de violencia sexual cometida contra mujeres y niñas afrocolombianas en el marco del conflicto armado documentada por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados en julio de 2021.
Y recuerda que el pasado mes de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se pronunció con una “sentencia histórica” que declaraba al Estado colombiano responsable por indefensión a la periodista Jineth Bedoya que sufrió abusos sexuales y torturas cuando fue a realizar una cobertura en una cárcel de Bogotá.
EFE
