DICEN PUNTO COM
Si Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, “no va a las fosas, las fosas vienen a él”. Con este lema, palas en mano, las fotos de sus seres queridos y montones de tierra, tres colectivos de familiares de desaparecidos recrearon el lunes ante el Palacio Nacional, sede de la presidencia de México, los enterramientos clandestinos que han proliferado en el país.
Con este acto de protesta, los grupos “Hasta Encontrarte”, “Una Luz en mi Camino” y “Una Promesa Por Cumplir”, todos del estado de Guanajuato, querían llamar la atención del gobierno y ser recibidos por el presidente.
Este estado de centro del país es uno de los de mayor violencia de México y dos de sus municipios —Salvatierra y Acámbaro— están entre las diez localidades del país en las que se han localizado más cuerpos en esta administración.
“Cuando las autoridades nos dijeron que no había fosas clandestinas en el estado, nosotras con nuestras manos llenas de tierra y amor les demostramos que sí”, dijeron al leer un comunicado. “Cuando nos dijeron que ya no había masacres, fueron personas inocentes las víctimas de esos delitos, las que probaron que sí”.
Los familiares, principalmente mujeres, se quejaron de los “oídos sordos” del gobierno a sus exigencias de justicia. “Buscamos respuestas, buscamos verdad”, clamaron junto a las fosas reconstruidas bajo las que desenterraron lemas pintados previamente en el suelo del Zócalo de la capital con exigencias similares.
México tiene más de 95,000 personas no localizadas, según datos del gobierno federal. Más de 93,000 de esas desapariciones tuvieron lugar desde 2006, cuando comenzó el combate frontal contra el crimen organizado. Además, hay una grave crisis forense con 52,000 cuerpos sin identificar.
Pero más allá de los enormes números, está el hecho de que se trata de un problema generalizado, como señaló el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, al concluir su visita al país en noviembre.
Este grupo de expertos expresó su preocupación por el hecho de que impere, según indicó, una impunidad “casi absoluta, estructural” para atender las desapariciones, por la falta de coordinación entre autoridades y la revictimización de los afectados. Afirmó que el actual enfoque de seguridad “no sólo es insuficiente sino además inadecuado”.
Justo eso fue lo que denunciaron en su protesta los colectivos de búsqueda de desaparecidos de Guanajuato, donde la violencia ha crecido más en los últimos años y la actual estrategia de seguridad “ha tenido como consecuencia el aumento de la violencia”, señalan.
Los grupos pidieron una audiencia con el presidente, que el gobierno reconozca que su estrategia de seguridad ha fracasado y empiece a trabajar con la sociedad civil para buscar respuestas y que garantice la seguridad de los grupos que buscan desaparecidos y que en su mayoría conforman mujeres.
El gobierno de López Obrador ha puesto en marca distintas iniciativas para enfrentar el problema de los desaparecidos y es el primero que está facilitando información periódica sobre personas no localizadas y hallazgo de fosas y cuerpos. Asimismo, el gobierno dice estar dispuesto a atender las recomendaciones del grupo de expertos de la ONU que presentarán su informe final el año en unos cuatro meses.
