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Los migrantes que buscan entrar a Estados Unidos deberán nuevamente permanecer en México a la espera de sus audiencias de inmigración. El gobierno del presidente Joe Biden anunció con renuencia el jueves que acatará una orden judicial y aceptará las condiciones impuestas por México para restablecer la medida creada durante la presidencia de Donald Trump.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijo que “En virtud de que el Gobierno de los Estados Unidos ha aceptado las preocupaciones de carácter humanitario del Gobierno de México (…) por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”.
El restablecimiento de la norma “Permanecer en México” responde a una orden judicial. El gobierno de Biden está buscando la manera de derogarla en forma tal que sobreviva al proceso judicial. Biden la había anulado, pero una demanda de Texas y Missouri le ha obligado a restablecerla, si bien está sujeta a la aceptación de México.
Unos 70.000 solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma, aprobada por el entonces presidente Trump en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día en funciones.
Los cruces sin autorización legal en la frontera cayeron bruscamente cuando México, ante la amenaza de Trump de elevar los aranceles a las importaciones, aceptó la expansión de la norma. Los solicitantes de asilo eran víctimas de la violencia en México y enfrentaban obstáculos legales como la falta de acceso a abogados e información sobre sus casos.
El regreso de los migrantes está previsto para comenzar el próximo lunes en una ciudad de la frontera y luego en otras tres. Éstas son San Diego, en California, y los cruces texanos de El Paso, Laredo y Brownsville. Aún no se ha determinado la secuencia.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo el jueves que acataba la orden judicial, pero el secretario Alejandro Mayorkas cree que la medida “tiene defectos endémicos, impone costos humanos injustificables, retira recursos y personal de otras asignaciones prioritarias y no ataca las causas fundamentales de la migración irregular”.
Estados Unidos y México están embarcados en discusiones intensas desde que el juez federal Matthew Kacsmaryk, designado por Trump en Amarillo, Texas, ordenó el restablecimiento de la medida, sujeta a la participación de México.
La reiteración de la medida, que funcionarios del gobierno explicaron a los periodistas bajo la condición de anonimato, incluye importantes cambios y agregados exigidos por México.
Todos los migrantes sujetos a la medida serán vacunados contra el COVID-19. Los adultos recibirán la vacuna de Johnson & Johnson, que requiere una sola dosis. Los niños recibirán la vacuna de Pfizer, y la segunda dosis cuando lleguen a Estados Unidos para sus primeras audiencias.
Estados Unidos tratará de completar los casos en 180 días, en respuesta al temor de México de que se los deje languidecer. El Departamento de Justicia asignará a 22 jueces de inmigración para que se dediquen exclusivamente a los casos.
