DICEN PUNTO COM
Bruselas (EuroEFE).- A algunos países de la Unión Europea (UE) les resulta difícil clasificar los actos de violencia de la extrema derecha como terrorismo, según revela un informe publicado este jueves por la Comisión Europea.
El informe, que evalúa la Directiva de la UE contra el Terrorismo, hace un balance positivo de esa legislación, pero reconoce que hay asuntos que «limitan» su buen funcionamiento e identifica una serie de «retos» en los que Bruselas se compromete a trabajar con los Estados miembros.
EXTREMA DERECHA
Por un lado, menciona la dificultad para calificar la violencia de la extrema derecha como acto terrorista.
«Aunque la Directiva se aplica a todas las formas de terrorismo, en realidad a algunos Estados miembros les resulta difícil clasificar los actos violentos de extrema derecha de terrorismo», dice el informe.
El principal problema es que muchas veces es complicado probar la intención terrorista de una acción llevada a cabo por un grupo de extrema derecha o un «lobo solitario», señala el documento.
Demostrar esa intención es un requisito de la Directiva y las legislaciones nacionales para calificar el delito de terrorismo.
Otro desafío identificado es que los grupos y movimientos que defienden opiniones e ideologías de extrema derecha «se caracterizan por la heterogeneidad de sus partidarios y seguidores», por muchas interconexiones entre las organizaciones actuales y los grupos de extrema derecha de hace años y «por la variedad de objetivos potenciales», dice el informe.
En este contexto de «ideologías mixtas y líneas borrosas entre movimientos», las autoridades judiciales «pueden tener dificultades» a la hora de considerar el enjuiciamiento por la participación en las actividades de un grupo terrorista, algo que exige que se pueda establecer un vínculo claro entre el sospechoso y la organización.
Bruselas «compartirá pronto» con los Estados un conjunto de acciones para abordar el extremismo violento de extrema derecha.
PRUEBAS
Por otra parte, el informe revela que, especialmente cuando se trata de reunir pruebas ubicadas fuera del territorio nacional, algunos Estados miembros dicen tener dificultades para demostrar la intención terrorista.
En ese contexto y en relación en particular con los combatientes extranjeros, el informe señala que para abordar el problema la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior seguirán apoyando el uso de información «sobre el terreno» que permita identificar, detectar y enjuiciar a los sospechosos mediante el intercambio de datos, las buenas prácticas y la financiación de proyectos.
La Comisión «también anima a los Estados miembros» a utilizar la información sobre presuntos terroristas para crear alertas en el Sistema de Información de Schengen.
VÍCTIMAS
Por último, las víctimas del terrorismo siguen teniendo dificultades para recibir asistencia y protección, sobre todo en los casos que implican a varios países.
En este contexto, la Comisión insta a los Estados miembros a designar puntos de contacto únicos para esas víctimas.
La Directiva 2017/541 analizada en el informe publicado hoy es el principal instrumento de justicia penal para luchar contra el terrorismo en Europa.
Incluye disposiciones que tipifican como delito y sancionan delitos relacionados con el terrorismo, como viajar al extranjero para cometer un ataque, regresar a la UE o desplazarse entre países para tales actividades o financiar el terrorismo y consagra asimismo la protección de las víctimas.
El informe publicado se presentará próximamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
LA LEY ANTITERRORISTA
España y otros países tienen una legislación antiterrorista que va más allá de la europea al criminalizar ciertos delitos, lo que podría tener un impacto sobre los derechos fundamentales y las libertades, según un informe publicado por la Comisión Europea.
El documento de trabajo de la Comisión acompaña a un informe que analiza la aplicación de la Directiva sobre Terrorismo de 2017.
Según revela, en algunos casos los Estados comunitarios «van más allá en la criminalización de lo que exige la Directiva», lo que «no plantea un problema para su funcionamiento»,
No obstante, advierte, «esto podría tener un impacto sobre los derechos fundamentales y las libertades de los individuos bajo la jurisdicción de ese Estado miembro».
Una consulta llevada a cabo para la realización de un informe reveló que «penalizar la provocación pública para cometer un delito de terrorismo ha generado debate por su impacto sobre los derechos fundamentales, especialmente en algunos países de la UE que van más allá de la Directiva europea sobre Terrorismo, como España».
Además, añade, la Agencia europea de Derechos Fundamentales (…) se ha referido al delito de autoadoctrinamiento en el marco de la ley española, que «va más allá» de lo previsto en la Directiva europea.
Eurojust también apuntó, según el mismo documento, a un caso planteado ante un alto tribunal español que consideró que, en relación con el delito de autoadoctrinamiento, «es necesaria una interpretación restrictiva de la legislación penal para no vulnerar el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la información».
Por otra parte, el delito de «apología del terrorismo» en la legislación francesa podría tener «efectos adversos sobre los derechos fundamentales» según la Red Europea contra el Racismo.
Editado por Sandra Municio
