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Washington. La decisión del Gobierno de Daniel Ortega de retirar a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) puede tomar por lo menos dos años en entrar en vigor, según la carta que rige a este organismo creado en 1948 y que tiene su sede en Washington.
Ayer viernes, el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, anunció en Managua la decisión de su país de renunciar y dar “por terminado el vínculo” de su país con la OEA.
Moncada explicó que, “conforme el artículo 67 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, notificó la “indeclinable decisión” del Gobierno de su país de denunciar la Carta de la OEA, conforme a su artículo 143.
Esto, agregó, “da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”.
La medida fue adoptada después de que los países integrantes de la OEA aprobaran en la Asamblea General celebrada del 10 al 12 de noviembre pasados una resolución de condena al país centroamericano por las elecciones del 7 de noviembre, en las que se impuso Ortega para un quinto mandato.
La Carta de la OEA, rubricada el 30 de abril de 1948 en Bogotá y que entró en vigor el 13 de diciembre de 1951, establece en su artículo 143 el procedimiento para el retiro de un Estado miembro.
Según ese artículo, la carta podrá “ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros”, mediante una “comunicación escrita a la Secretaría General”.
La Secretaría deberá comunicar, “en cada caso, a los demás (Estados) las notificaciones de denuncia que reciba”.
“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante”, detalla el instrumento.
Además, sentencia que el Estado en cuestión “quedará desligado de la Organizacióndespués de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.
Venezuela se convirtió en abril de 2017 en el primer país en la historia de la OEA en solicitar su salida, después de acusar de “intervencionismo” al organismo y a su secretario general, Luis Almagro, por haber convocado una reunión de cancilleres sobre la crisis en ese país pese a la oposición frontal de Caracas a esa sesión.
La decisión del Gobierno de Nicolás Maduro fue anunciada el 26 de abril de 2017 por la entonces canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Dos días después, la representante de Venezuela en el organismo, Carmen Velásquez, entregó ante la Secretaría General la misiva con la que su Gobierno denunciaba la Carta de la OEA.
Este proceso quedó truncado en abril de 2019, después de que la OEA no reconociera, en enero de ese año, el segundo mandato de Maduro (2019-2025) y se sumó a los países que respaldaron al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
La OEA reconoció desde abril de 2019 a Gustavo Tarre como representante permanente “designado” por el Parlamento de Venezuela, “hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un Gobierno democráticamente electo”.
La designación de Tarre fue aprobada mediante una resolución que fue rechazada por nueve Estados, mientras que seis se abstuvieron, entre ellos Nicaragua y El Salvador.
Cuba y Honduras, suspendidos
Cuba y Honduras han sido hasta ahora los únicos países suspendidos de la OEA, la mayor forma de sanción que tiene el organismo. Cuba fue excluida del sistema interamericano en enero de 1962 por su adhesión “al marxismo-leninismo”, pero esa decisión quedó sin efecto para la OEA a raíz de una resolución aprobada el 3 de junio de 2009, durante una Asamblea General celebrada en San Pedro Sula (Honduras). El 5 de julio de 2009, la OEA decidió suspender a Honduras de “manera inmediata”, a raíz del el golpe de Estado contra el entonces presidente, Manuel Zelaya.
