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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público continuará el próximo 5 de noviembre con la presentación de las pruebas del Caso Los Tres Brazos, durante la audiencia preliminar del caso de corrupción que se conoce en el Sexto de Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El proceso se sigue en contra de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados de la venta ilegal de ese sector del municipio Santo Domingo Este.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la audiencia fue aplazada este viernes para el próximo 5 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
Explicó que el aplazamiento se produjo en virtud de que uno de los abogados del encartado Irving José Cruz Crespo no se encontraba presente, además de que otro de los imputados notificó una intervención quirúrgica, que requiere de 10 días de reposo.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce la audiencia preliminar.
Durante el proceso, el Ministerio Público presentará 42 testigos y más de 700 pruebas documentales en contra de los encartados.
El órgano de la persecución penal retomó el pasado 10 de septiembre la lectura de la acusación contra los involucrados en la trama que enajenaba propiedades del Estado dominicano y conminaba a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas.
Los representantes de la Pepca han destacado durante el proceso judicial que Leoncio Almánzar vendió ilegalmente, a cambio de un solar rural, un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.
Además del exdirector de Corde, en el expediente figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
