Por instrucciones de Jean Alain Rodríguez, exprocurador de la República, y su director de Despacho, Rafael Canó Sacco, el área de estacionamiento soterrado de la Procuraduría General de la República fue usada para el depósito de las compras de bebidas alcohólicas y posterior re-envasado de las mismas en botellas plásticas.
Así está establecido en la solicitud de medida de coerción y declaratoria del caso complejo depositada por el Ministerio Público en contra de Rodríguez y sus colaboradores, a quienes acusan de corrupción, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y otros delitos.
Señala que las compras de las bebidas alcohólicas eran hechas por galones en el sector Villa Consuelo, en la Capital, desde donde pasaban a dispensadores para ser distribuidas en las actividades realizadas por el movimiento político Renovación 2020, el cual tenía como máximo responsable al exjefe del Ministerio Público.
Asimismo, en la dinámica proselitistas alegadamente se preparaban unos sobres conteniendo 400 pesos cada uno, los cuales eran entregados en la oficina del también imputado Jonnthan Joel Rodríguez Imbert o, de lo contrario, se hacía en la sede principal del movimiento político Renovación 2020, ubicada en la avenida Winston Churchill.
En el documento del Ministerio Público coloca como de especial relevancia las presuntas prácticas irregulares de desvío de fondos, traslados de suministros, uso abusivo de insumos diarios, incluyendo detergentes, materiales gastables, agua, café, sillas desplegables, mesas plegables, tanques refrigerantes.
La solicitud del Ministerio Público también hace referencia a la Fiscalía de Uvilla, donde se ejecutaron acciones de desvíos de fondos y otras irregularidades que presuntamente guardaban relación con los procesos electorales internos llevados a cabos en octubre del 2019, y que se extendió hasta las elecciones generales del 2020.
Lea también: «Operación Medusa»: ¿De qué acusan a Jean Alain? El Ministerio Público responde«
Reseña que al verificar la nómina de la Procuraduría en lo referente al caso de la Fiscalía de Uvilla, supuestamente se constató que las personas que recibían los suministros ante mencionados no eran empleados ni correspondían al departamento específico. También se verificó irregularidad en el uso de la firma sin cédula y nombre de la persona que recibía los beneficios.
«Aunado a esto, el Procurador General de la Corte, en funciones de Procurador Fiscal Titular de Bahoruco, Esteban J. Cuevas Santana, desconoce dichas entregas y los datos generales de las personas que supuestamente reciben las mismas, ya que nunca dejaron constancia escrita», puntualiza.
El Ministerio Público incluyó en la solicitud de medida de coerción, además del exprocurador Rodríguez, a Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte, Miguel José Moya, entre otros.