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SANTO DOMINGO.- El abogado Héctor López, defensor de los imputados Rossy Guzmán y Tanner Flete, reveló que someterá este viernes un recurso de apelación para que ambos encartados en el caso Coral salgan en libertad.La pastora Guzmán y su hijo Flete se encuentran arrestados en la Cárcel de Najayo para cumplir 18 meses de prisión preventiva por las acusaciones de corrupción y testaferrato que pesan en su contra, pero a sólo 16 días de su apresamiento buscarán ante un tribunal su libertad pura y simple.
El abogado de ambos imputados expresó que “son indiscutibles” las razones que presentarán ante un juez para probar que sus defendidos merecen la libertad porque, a su juicio, no tienen participación directa en las acusaciones del Ministerio Público.
En ese sentido, López indicó que ambos implicados son víctimas de acusaciones “a fuego cruzado” por estar envueltos en hechos de los que no fueron partícipes y que involucran a exmilitares de alto rango.
El defensor entiende que los señalamientos que ensombran a la pastora y a su hijo “son injustificados” porque las acusaciones de desfalco y coalición de funcionarios no son imputables para sus clientes porque no fueron funcionarios públicos, según explicó.
Asimismo, López aseguró que Guzmán y Flete tienen documentaciones fehacientes que pueden probar el origen de sus fortunas y la validez de sus múltiples propiedades inmobiliarias y empresariales. Agregó que aunque fueron presentadas en el juicio de medidas cautelares, están dispuestos a mostrarlas ante un juez de apelación.
López dijo esto mientras entraba a la Procuraduría General de la República (PGR) para “realizar servicios profesionales que no tienen nada que ver con el caso Coral”. En ese escenario, explicó que el recurso de apelación será presentado en las oficinas judiciales que presentaron las medidas preventivas.
El pasado 11 de mayo, en audiencia cautelar, la jueza Kenya Romero impuso 18 meses de prisión preventiva para Adán Cáceres, exjefe escolta de Danilo Medina; Rafael Núñez De Aza, Rossy Guzmán, Tanner Flete y Alejandro Montero, mientras que Raúl Girón fue favorecido con prisión domiciliaria por colaborar con las pesquisas.
Todos estos imputados están acusados por el Ministerio de supuestamente malversar fondos desde el erario público y, a su vez, lavar recursos para hacerlos pasar como lícitos frente a la vista pública.
