DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El control de las instituciones militares por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP) inició en el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) cuando ese organismo asumió ilegalmente las funciones del Asesor Militar de la Presidencia de la República.
El mayor general Jesús Florentino y Florentino, jefe entonces del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (ahora Cuerpo Especializado en Seguridad Presidencial) se atribuyó las funciones del también general Iván Hernández Oleaga: la de tratar los temas militares y despachar las correspondencias enviadas por el Ministro de las Fuerzas Armadas, como se llamaba anteriormente.
Esto le permitió convertirse en el militar más cercano y de mayor influencia al lado del Presidente Fernadez, además de tener el control de todas las correspondencia entre el mandatario y el ministro de las Fuerzas Armadas, mismas que devolvía bajo su firma y con la supuesta aprobación del presidente.
Las instituciones militares ( Ejército, Armada, Fuerza Aérea y el propio Ministerio de Defensa) fueron controladas durante los gobierno de Fernández y Danilo Medina por los pasados directores del CUSEP Florentino y Florentino, Aquino García, Medina y Medina y recientemente por Cáceres Silvestre, este último guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo por delito de corrupción.
En la actual administración, el presidente Luis Abinader devolvió al Ministerio de Defensa y a las Comandancias Generales su autoridad para nombrar al personal militar en las diferentes entidades, sin la intervención del CUSEP.
COMPARTIR
Al desplazar al Asesor Militar de su funciones como enlace entre el Ministerio de Defensa y el Poder Ejecutivo, estos generales hicieron del CUSEP una superestructura de poder que decidía sobre designaciones del ministro de Defensa, comandantes Generales, jefes de los cuerpos especializados, directores administrativos, jefes de personal y de inteligencia de las instituciones castrenses.
Desde entonces, todas las correspondencias y órdenes del Poder Ejecutivo al Ministerio de Defensa eran y siguen siendo firmadas por el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, bajo la supuesta autorización del presidente de la República, atribuciones que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas concede al Asesor Militar con sede en el Palacio Nacional.
Según el artículo 55 de la referida ley, “el Presidente de la República designará a un oficial en la categoría de general o almirante como Asesor Militar Terrestre, Aéreo y Naval del Poder Ejecutivo, en los aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas. (…) El tiempo de permanencia en sus funciones será de un máximo de dos años”.
Aún más, la Constitución de la República establece que entre el presidente de la República y el Ministro de Defensa existe una relación directa; lo que indica que no debe ser a través del jefe de CUSEP quien es un general subalterno del ministro de Defensa, conforme al ordenamiento militar.
El artículo 228 de la Constitución de la República establece en el acápite uno, párrafo e- que el presidente dispone con arreglo a la ley, cuando concierna a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mandarla por sí mismo, o a través del Ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo (…).
Lo que indica que ningún organismo inferior al Ministerio de Defensa puede atribuirse autoridad para ser intermedio entre el presidente de la República y el Ministro de Defensa, como ha venido sucediendo en los gobiernos de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el actual de Luis Abinader, aunque este último en menor grado.
Según la legislación vigente, el CUSEP no está autorizado para ordenar, designar, ascender o pensionar en el estamento militar. Sin embargo, el último movimiento militar de ascensos fue devuelto con la firma del mayor general Celin Rubio Terrero, bajo la supuesta instrucciones del presidente Luis Abinader, cuando lo que procede es la firma del mandatario y el oficio debió transmitirse a través del Asesor Militar, según expertos consultados por periodistas de acento.
La Misión del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, conforme al artículo 65 de la Ley Orgánica de las FF.AA. es la de brindar seguridad y protección al presidente y vicepresidente de la República y de sus familiares directos; de los expresidentes y exvicepresidentes, así como de los dignatarios y jefes de Estado extranjeros visitantes, su personal militar dependerá administrativamente del Ministerio de Defensa.
Esto refiere que el jefe CUSEP no debe tener ninguna inclusión en los asuntos de las Fuerzas Armadas; todos las cuestiones militares deben ser tratadas directamente al Presidente de la República por el Asesor Militar, al menos así fue hasta la llegada del general Florentino y Florentino al Cuerpo de Ayudante Militares en el primer mandato de Leonel Fernandez.
La oficina de la asesoría militar está ubicada en el Palacio Nacional, y sus funciones son el manejo de todas las correspondencias del Ministerio de Defensa dirigidas al Poder Ejecutivo, así como las devoluciones de esta luego de que el presidente decidiera sobre su contenido.
“El asesor Militar del Poder Ejecutivo tenía agendado un momento que variaba, diario, semanal o nocturno en la agenda presidencial para tratar sobre los expedientes recibidos del Ministerio de Defensa, antiguo Ministerio de Las Fuerzas Armadas, y se lo leía al presidente, quien decidía sobre cada caso, el asesor anotaba y se retiraba a trabajarlos con la decisión del mandatario; luego volvía al despacho presidencial cuando lo agendaran o tocara audiencia, para que el presidente firmará los mismos y se devolvían al Ministerio con su aprobación y firma manuscrita en el expediente,” explica el oficial que en su momento desempeñó tales funciones.
Sin embargo, esto cambió en 1997 cuando el asesor Militar era el mayor general Iván Hernández Oleaga y el jefe de Ayudantes militares el general Florentino y Florentino; al oficial Oleaga se le hacía difícil despachar con el presidente Leonel Fernández y tuvo que recurrir ante Florentino para que entregara al mandatario las correspondencias a las Fuerzas Armadas, ocasión que aprovechó el segundo para tomar el control de las comunicaciones entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el presidente Fernández; práctica regular que ha continuado hasta la actual gestión del general Rubio Terrero.
“El jefe del CUSEP no forma parte de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, sus funciones son las seguridad del primer mandatario y su familia, nada más de ahí, no tiene capacidad legal para devolver u originar comunicaciones bajo su firma al Ministerio de Defensa; alegando que está autorizado por el Presidente; así lo hizo el actual director de ese organismo con los últimos ascensos y retiros de las instituciones armadas,” subrayó la fuente militar que permaneció en las filas por más de 40 años.
Añade que el Jefe del CUSEP debe de ocuparse únicamente de las funciones que le asigna la ley, ya que no figura en ningún estamento de mando de las Fuerzas Armadas, “no puede ni debe estar nombrando incumbente de los diferentes departamentos en las instituciones militares, alegando que es de Palacio” como sucedía en las gestiones de Florentino, Aquino García, Medina y Medina y Cáceres Silvestre, que se situaron por encima de sus superiores en las Fuerzas Armadas.
Estos generales actuaron a contrapelo de la Ley y ocasionaron daños considerables a las instituciones militares, además de controlar para beneficio propio parte de los presupuestos de las entidades castrenses.
En la actual administración, el presidente Luis Abinader devolvió al Ministerio de Defensa y a las Comandancias Generales su autoridad para nombrar al personal militar en las diferentes entidades, sin la intervención del CUSEP
