DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO.- A pesar de que la normativa que rige la Cámara de Cuentas establece que los servidores públicos deben presentar su declaración jurada de bienes al llegar al cargo que ostentan, ocho diputados de la actual gestión congresual aún no presentan su declaración de patrimonio.
Se trata de los diputados Lourdes Aybar, Félix Hiciano, Eugenio Cedeño, Eddy Montás, Miguel Cabrera, Geraldo Vargas, Altagracia Gerónimo y Yennry Acosta, quienes asumieron sus cargos como diputados el pasado 16 de agosto y en esa fecha debieron presentar a la Cámara de Cuentas sus patrimonios y bienes, pero no ha sido así.
Según hace constar el portal digital de la Cámara de Cuentas y la oficina de transparencia de este órgano fiscalizador (actualizado por última vez hace 15 días) estos ocho legisladores aún no han declarado su patrimonio como lo ordena la ley 318-14.
El grupo de ocho pertenece a diferentes partidos. Hiciano, Cedeño, Cabrera, Vargas y Gerónimo pertenecen al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que Acosta, Aybar y Montás son militantes del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Según establece la referida normativa sobre declaración de patrimonio, el servidor público en funciones que esté obligado a presentar su declaración de bienes y no obtempere dentro del pazo establecido, incurrirá en faltas graves en contra de la Ley 41-08, de Función Pública.
Junto a un largo listado de funcionarios públicos que deben presentar públicamente sus bienes, se encuentran los senadores, diputados y secretarios administrativos de ambas cámaras legislativas, quienes están en la obligación de mostrar a la Cámara de Cuentas su patrimonio una vez se juramenten en la posición para que la que fueron elegidos por voto popular.
Aunque el presidente Luis Abinader advirtió al principio de su mandato que suspendería a los servidores públicos que incumplan con la declaración de patrimonio, esta amenaza no ensombra a estos ocho diputados ya que fueron elegidos por votaciones y no designados por decretos o mandatos del jefe de Estado, por lo que es tarea de la Cámara de Cuentas imponer las sanciones que fueren necesarias en esos casos.
