DICEN PUNTO COM
POLO, Barahona. – La jueza María Consuelo Valenzuela, titular de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción, contra el propietario de uno de los comercios que habría participado en la supuesta defraudación millonaria al programa de asistencia social “Quédate en Casa”.
Se trata de Manuel Aquilino Ferreras Reyes, propietario del colmado La Gran Parada, ubicado en el distrito municipal Polo, Barahona.
Dentro de las pruebas presentadas por la representante del Ministerio Público, la fiscal Vilmania Pérez De Los Santos, se encuentra un reporte considerable de transacciones hechas por dicho negocio, al programa temporal “Quédate en Casa”, las cuales no son reconocidas por los propietarios de las cédulas de identidad, usadas como medio de pago en esas transferencias monetarias irregulares.
Los abogados actuantes en la imposición de la medida al imputado Ferreras Reyes, representantes legales de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), calificaron la decisión de la jueza Valenzuela, como “una acción con mucho peso legal, que da aliento a la guerra llevada a cabo por esa institución gubernamental en contra del grupo de infractores que ha defraudado cientos de millones de pesos al Estado dominicano, a través del programa social, gestionado en beneficio de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza”.
En el allanamiento realizado por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), al colmado La Gran Parad, la fiscalía decomisó aparatos electrónicos, 25 tarjetas Progresando con Solidaridad, una cédula de identidad y una gran cantidad de boucher’s (recibos de pago electrónico).
Los representantes legales que subieron a la audiencia de imposición de medida de coerción por la ADESS, fueron: Sol Rodríguez, directora Legal y los abogados Aishell Hernandez, Domingo Angeles y Aleti Martínez.
