Este miércoles el secretario de Comunicación del Gobierno haitiano, Frantz Exantus, trató de ambos asuntos en la misma rueda de prensa: primero negó que su país haya solicitado ayuda a los militares del país vecino y después anunció que el Gobierno de Haití ha solicitado a República Dominicana la entrega de Chevry.
En el comunicado de hoy, la embajada también rechazó que no se esté actuando “con prontitud” en el caso del rapto de los dos dominicanos y su intérprete haitiano, ocurrido el pasado sábado en Puerto Príncipe.
“El Gobierno haitiano ha activado todas sus agencias de seguridad incluyendo unidades antisecuestros de la Policía Nacional de Haití que están trabajando intensamente en resolver el presente caso”, dice la nota.
Asimismo, indica que “los dos gobiernos mantienen contactos permanentes sobre los avances y las acciones que se están llevando a cabo para que los ciudadanos secuestrados vuelvan a sus familias sanos y salvos y los responsables del rapto sean sometidos a la justicia”, y destaca las buenas relaciones de cooperación existentes.
Este jueves el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, dijo que el Gobierno hace “todos los esfuerzos” para traer al país a los dos hermanos dominicanos secuestrados en Haití desde el pasado sábado, sin embargo, aclaró que “no hay novedad” sobre este caso.
Los secuestrados son dos técnicos de cine y hermanos Michael Enrique y Antonio Gerer Campusano Féliz, trabajadores de la productora Miravista Films, que estaban en Haití para participar en el rodaje de una película de la productora haitiana Muska Group.
Junto a los dominicanos también fue secuestrado el haitiano Junior Albert Augusma, quien es estudiante y trabaja de intérprete para Muska Group.
En cuanto a Chevry, arrestado el pasado 14 de febrero en la ciudad fronteriza de Dajabón, el Gobierno de Haití solicitó este miércoles la extradición del exalcalde, relacionado por las autoridades de su país con bandas armadas.
Entre ambos países no hay un convenio de extradición, pero la República Dominicana cuenta con una ley “para aquellos casos en los que no haya un acuerdo”, recordó recientemente el canciller dominicano, Roberto Álvarez, al pronunciarse al respecto.
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