SANTIAGO. – El alcalde Abel Martínez interpuso este martes una querella penal en contra de José Francisco Núñez, procurador fiscal del distrito judicial de Santiago, bajo los cargos de haber “rendido orden y a la vez, cometido un acto arbitrario atentatorio a los derechos constitucionales y políticos del también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana”.
El doctor Carlos Balcácer, abogado apoderado por Abel Martínez, consideró, de acuerdo a un comunicado, como un abuso de autoridad por parte del representante del Ministerio Publico, el haber dispuesto allanar una propiedad ocupada por Martínez, que de acuerdo al destacado jurista lo hizo al margen de los casos y formalidades que la ley prescribe.
Dicha acción se enmarca en una conducta típica del abuso de autoridad en contra de particulares y un atentado contra la libertad, según prevén y sancionan los artículos 114 y 184 del Código Penal de la nación, en perjuicio y detrimento del ciudadano Abel Martínez Duran, explica el doctor Balcácer, en la querella remitida a la Procuraduría de la Corte de Apelación de Santiago.
En un recurso anterior, el alcalde Abel Martínez, había solicitado a la Procuraduría General de la Republica, una investigación disciplinaria ante el Consejo del Ministerio Publico, por las acciones cometidas por el fiscal Núñez, en dicho allanamiento.
Señala el reputado jurista, que, sobre el nombrado José Francisco Núñez, existen y gravitan elementos causales e irrefutables que comprometen su responsabilidad penal, al grado de existir méritos suficientes para valorar positivamente la apertura de una investigación, dadas las violaciones en la ejecución de dicho allanamiento.
Dijo que esas acciones se ejecutaron por órdenes expresas del señor José Francisco Núñez, quien hizo acto de presencia, con lo que denomina un team de huestes policiaco- militares, adscritas a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que penetró a un inmueble edificado en el sector El Paraíso, de la ciudad de Santiago, bajo el argumento de que se buscaba a dos personas vinculadas a tráfico de drogas.
El doctor Carlos Balcácer, entiende que, para conjurar el inminente atropello con un allanamiento al margen de la ley, se evidenció claramente que la vivienda ocupada por Abel Martínez, no era la consignada en el Auto judicial y que habiendo recibido indicaciones de Jelinzo Manuel Mora Guzmán, militar de servicio en dicha residencia, quien le informó que la misma estaba ocupada por Martínez, como casa política, aun así la acción atropellante fue ejecutada por parte del fiscal de Santiago.