DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO. – Un joven que el día de ayer se hizo viral tras ser apresado por agentes policiales porque este se encontraba sin mascarilla al momento de botar la basura de su residencia, dijo que las autoridades les dijeron que para soltarlo le debía dar mínimo 2,000 pesos, esto pese a que la Procuraduría dispuso que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente y no pagar multas.
El joven identificado como Junior Soriano explicó también que, aunque en un principio él fue que le ofreció a los agentes policiales dinero, 500 pesos específicamente, para que lo dejaran libre, en respuesta los agentes les dijeron que como mínimo debía darles 2,000 ya que 500 era muy poco.
Junior relata que cuando lo montaron en el camión rumbo al destacamento, para evitar pagar los 2,000 pesos tuvo que llamar a unos militares que conocía para que lo asistieran y gracias a que estos hablaron con el teniente a cargo, no le cobraron dinero para dejarlo libre.
Agregó que, como estaban hablando de militares a militares lo dejaron ir libre sin pagar, a parte de que, según dijo, durante una llamama para afreecer su versión de los hechos en el programa La Cosa Pública, estos se dieron cuenta de que era un abuso su arresto.
Recientemente la Procuradora General de la República revocó recientemente las sanciones monetarias por incumplimiento del toque de queda.
La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.
Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.
