WASHINGTON. – Tras la aprobación de un segundo juicio político contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Cámara Baja, toda la atención se centra en el Senado, donde parece descartado que el proceso de destitución continúe antes de la investidura del demócrata Joe Biden., informaron este jueves medios locales.
Y al propio Biden le preocupa que la atención por el segundo juicio político a Trump, esta vez acusado de “incitar la insurrección” por arengar a sus seguidores antes de que tomaran la semana pasada el Congreso, distraiga los esfuerzos del Legislativo de sus prioridades de gobierno: la pandemia y la crisis económica.
Pero de momento, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ni siquiera ha enviado los artículos del juicio político al Senado, un paso necesario para que el proceso de destitución prosiga en la Cámara Alta.
“Tenemos que determinar qué tipo de evidencias debemos presentar al Senado para demostrar nuestro artículo de juicio político”, dijo este jueves a la CNN la representante demócrata Diana DeGette, una de las encargadas del proceso en la Cámara de Representantes.
La planificación del juicio en el Senado se encuentra en “etapas muy preliminares”, agregó.
Entre las pruebas que están reuniendo los demócratas para demostrar la responsabilidad de Trump en la violenta algarada que el día 6 interrumpió la sesión de confirmación de la victoria de Biden en el Congreso están imágenes de televisión y testimonios.
Antes de producirse el asalto por radicales trumpistas, el gobernante les había instado a acudir al Capitolio para defender sus derechos, en medio de las denuncias de fraude que viene repitiendo sin poder demostrar, y de las que nunca se ha retractado.
No se espera que el juicio se reanude antes de que el día 20 se celebre la investidura de Biden, ya que el Congreso se encuentra en receso hasta la víspera y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no planea convocarlo anticipadamente.
INHABILITACIÓN
Aunque el juicio no supondría la destitución del mandatario, ya que habría entregado ya la Presidencia a su sucesor, una condena supondría para él ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, quizá la consecuencia de mayor calado en caso de que Trump aspirase a presentarse a la elección de nuevo en 2024.
Otros privilegios que perdería incluyen una pensión vitalicia equivalente a lo que gana un ministro (unos 220.000 dólares anuales), o quizá su derecho a tener un funeral con honores y ser enterrado, de desearlo, en el Cementerio Nacional de Arlington.
Una condena a Trump en el Senado requiere una mayoría de dos tercios, por lo que los demócratas necesitan el apoyo de al menos 17 senadores republicanos para que la iniciativa prospere, asumiendo que todos los demócratas voten a favor de la condena.