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SANTO DOMINGO.- La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó este miércoles al Consejo Superior del Ministerio Público la suspensión sin disfrute de sueldo del procurador general titular de la Corte de Apelación Regional de San Pedro de Macorís, Roberto Encarnación Del Monte, hasta tanto concluya una investigación disciplinaria en curso.
El inspector general del Ministerio Público, procurador adjunto Juan Medina de los Santos, hizo la petición a través de una comunicación dirigida a la presidenta del CSMP, procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a quien le pone en conocimiento sobre el inicio de la investigación que lleva a cabo a raíz de una denuncia formal recibida el 28 de diciembre del pasado año, indica un comunicado.
Encarnación Del Monte, según un auto emitido por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se encontraba de licencia médica y, no obstante, dispuso la puesta en libertad de los señores Luis Méndez y Víctor Méndez, detenidos en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Pedro de Macorís.
Sobre los beneficiados pesaba una orden de arresto, con el número 02709-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, ante una querella presentada por el señor José Osiris Méndez Féliz.
La Inspectoría General del Ministerio Público indicó que el incumplimiento de esas obligaciones ha afectado gravemente los derechos del señor José Osiris Méndez Féliz, así como a la institución, ya que no se pudo conocer medida de coerción para protección de los derechos de la víctima.
Detalla que, luego de recibir la denuncia que refiere irregularidades realizadas por Encarnación Del Monte, se inició la etapa indagatoria, la cual arrojó que existen elementos suficientes para sostener que el investigado actuó contrario a la norma.
Durante sus investigaciones, la Inspectoría ha podido establecer que dicho funcionario mantiene una conducta arbitraria, agresiva, intimidatoria, amenazante y desafiante en contra de los funcionarios de la Policía Nacional, de los miembros del Ministerio Público y de la población en sentido general.
