DICEN PUNTO COM
Santo Domingo.-Los abogados Eduardo Jorge Prats, Valentín Medrano, Julio Cury y José Martínez Hoepelman anunciaron que renuncian al contrato de asesoría gratuita que tienen con el Consejo del Ministerio Público sin cobrar los RD$5 millones establecidos en el mismo como penalidad por su rescisión, como había publicado el diario digital Acento.
Al anunciar su decisión, Medrano denunció que “la Procuraduría se dedica ahora a perseguir prestigios y dañar famas y honras. ¡Qué pena que caigan tan bajo!, y que un periódico se preste a hacer ver como malo el servicio gratuito, reitero, gratuito, en favor de un ideal y de la administración pública es algo sorpresivo”.
Insistió que “de mi parte digo, que si no cobro por un servicio, tal cual el presente, que no me paguen por dejar de darlo. Así que siéntanse en la libertad de rescindir sin dar un peso”.
Medrano aseguró que nunca ha recibido un peso de honorario de ningún gobierno ni estamento del Estado, pero se demuestra que lejos de tener una postura de persecución en contra de la corrupción administrativa, que es el anhelo de la ciudadanía que votó por el cambio, es decir, acciones persecutorias contra gente que administró dinero del pueblo y se los robó, la Procuraduría cae en el chisme contra personas que decidieron prestar un servicio profesional costoso a cambio de nada.
De su lado, el jurista Eduardo Jorge Prats, informó en esta de acuerdo con que la Procuraduría General de la República rescinda el contrato sin indemnización alguna, porque nunca ha obligado a sus clientes a recibir su servicio en contra de su voluntad.
“Declaro formal y expresamente, con todas sus consecuencias legales, que no tengo ninguna objeción a que se rescinda inmediata y unilateralmente, sin indemnización alguna, mi contrato honorífico, porque no obligo a mis representados a que retengan mis servicios contra su voluntad”, tuit publicado por Jorge Prats la noche del jueves.
Mientras, que el abogado José Martínez Hoepelman también tomó la decisión de rescindir el contrato sin indemnización, al tiempo de advertir que bastaba con que la Procuraduría le hiciera una llamada para tratar el asunto.
“Muchos de los que demandaron al Consejo del Ministerio Público son los que hoy fueron designados por decreto o por designación quienes pretenden ahora defenderse de lo que ellos mismo demandaron, dijo Martínez Hoepelman refiriéndose a los procuradores adjuntos Yeni Berenice y Wilson Camacho”, en conversación con CDN.
“Se trata de un caso y no de un contrato abierto, es un contrato con el Consejo del Ministerio Publico que inició el marzo de este año y que se preveía duraría unos tres años, porque es el tiempo estimado de los casos en el Tribunal Superior Administrativo, donde había sido incoada la demanda por 14 fiscales contra decisiones del referido consejo”, dijo Martínez Hoepelman.
Mientras, que Julio Cury en su cuenta de redes sociales, explicó que se colocó la clausura de la indemnización de cinco millones “para prevenir la revocación arbitraria del mandato ad-litem otorgado, como la consecuente merma o perjuicio reputacional, lo cual no es en absoluto extraño a los contratos cuota-litis o de representación que suscriben los abogados”.
Cury explicó a CDN que renuncia a la indemnización, “pero que la terminación debe dejar claro “que no ha sido ni por negligencia, torpeza ni imprudencia de los servicios para lo que fuimos contratados”.
La información referida por el periódico digital Acento da cuenta de que el contrato fue firmado el pasado 17 de marzo de este año, concluiría en el 2023 y contemplaba una asesoría legal “gratuita”, pero si las actuales autoridades tomaban la decisión de suspender el acuerdo tendrían que pagar 20 millones de pesos, cinco para cada abogado.
