NUEVA YORK.- La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó este jueves una demanda que pide disolver la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) y acusa a varios de sus dirigentes de desviar millones de dólares para uso personal.
“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que ha impedido que nuestra nación tome medidas contra la violencia armada. Pero ha estado abusando de su poder, y bajo la apariencia, la NRA está podrida con el fraude y el abuso”, dijo James.
En una conferencia de prensa, la fiscal señaló que busca “disolver la NRA”, argumentando que ninguna organización, por mucha influencia que tenga, puede estar por encima de la ley.
La demanda apunta directamente a la NRA como entidad, pero también a su histórico líder, Wayne LaPierre, y a otros tres directivos, a los que acusa de incumplir varias leyes estatales y federales y contribuir a la pérdida de más de 64 millones de dólares de la organización en tan solo tres años.
La fiscal neoyorquina denuncia decenas de instancias en las que esos ejecutivos usaron millones de dólares de la NRA, que es una organización sin ánimo de lucro, para su uso personal, lo que incluye viajes con sus familias a las Bahamas, vuelos privados y comidas en restaurantes, entre otros.
Según James, esas cuatro personas “básicamente saquearon” los activos de la organización, que pasa por importantes problemas financieros.
Además de recuperar el dinero defraudado, James dijo que se busca impedir que los cuatro acusados individuales puedan volver a formar parte de la junta de cualquier otra organización sin ánimo de lucro en el estado de Nueva York.
A los cuatro les acusa de instituir en la NRA una cultura de autogestión, mala administración y supervisión negligente ilegal, opresiva y fraudulenta, así como de evadir todos los controles internos para beneficio propio.
Además, alega que la organización violó múltiples leyes, entre ellas las que rigen el funcionamiento de entidades de este tipo, de presentar informes falsos en las declaraciones fiscales y de dar informes salariales inadecuados.