La extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, este mes ha proporcionado un flujo casi diario de jugosos detalles sobre la información que supuestamente está compartiendo con la Fiscalía General de la República.
Ayer, el presidente dio una respuesta de 20 minutos a una pregunta sobre los últimos detalles reportados por el periódico Reforma, que dijo haber obtenido un documento que Lozoya preparó antes de su extradición sobre lo que sabe.
La constructora brasileña Odebrecht, investigada en toda la región en los últimos años por comprar grandes contratos gubernamentales con generosos sobornos, supuestamente le dio a Lozoya 4 millones de dólares para que los destinara a la campaña presidencial del predecesor de López Obrador: Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional.
“Se sabe que se utilizó dinero de Odebrecht para financiar esa campaña”, dijo López Obrador, agregando que en ese momento se había quejado ante las autoridades electorales de que la campaña de Peña Nieto estaba excediendo los topes de gasto.
Los documentos que los fiscales mexicanos utilizaron para solicitar la extradición a las autoridades españolas indicaban que Lozoya dio parte de ese dinero a la campaña y se quedó con una parte importante para comprar una casa.
Odebrecht presuntamente aportó otros 6 millones de dólares una vez que Peña Nieto asumió el cargo. Parte de ese dinero se usó supuestamente para sobornar a legisladores federales para que votaran a favor de su paquete de reforma energética, conocido como el Pacto por México.
López Obrador dijo que era importante que “el señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética. Y que se repartió dinero a legisladores de partidos”.
Cuando se le preguntó si la Fiscalía General debería llamar a Peña Nieto para interrogarlo, el mandatario respondió que si los fiscales lo consideran necesario, todos los involucrados deberían ser interrogados. Dijo que las acusaciones también incluyen al predecesor de Peña Nieto en la presidencia, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional.
Desde que asumió el cargo, López Obrador ha dicho que perseguirá a los expresidentes por corrupción sólo si la opinión pública lo exige a través de una votación. El viernes, fue evasivo al declarar: “Yo no puedo detener un proceso judicial”.