DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO.– El Ministerio de la Juventud denunció que dos abogados, «en medio de una evidente actitud chantajista, y aprovechando el proceso de transición del Gobierno», intentan obligar a esa dependencia a pagar una suma millonaria mediante una sentencia de un caso que enfrenta con una empresa el cual se debate en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016, y que está en la etapa de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Juventud explicó que el presidente de la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, Elby-Ramón Cabrera Herrera y sus abogados, Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana, realizan una campaña difamatoria y de intento de chantaje contra ese Ministerio, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a su incumbente como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución producto de una negociación que no se realizó con la actual incumbente.
El comunicado agrega que en ese contexto, la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, conociendo que judicialmente el caso está en proceso de revisión de la sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, «anuncia, como si fuera una realidad, un supuesto fallo en contra de la Ministra de la Juventud, con el interés de presentar una acción imposible como una realidad legal, puesto que ningún fallo puede ejecutarse hasta adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, y de paso intentar que la Ministra ceda a sus pretensiones, afectando su reputación».
El Ministerio de la Juventud desmiente que haya pagado con cheques a esta empresa, puesto que esta institución «no utiliza esta forma de pago, exceptuando gastos menores por Caja Chica. Este es otro intento de difamación implementado por los abogados citados».
El Ministerio de la Juventud aclaró que este caso es contra la institución, no contra la ministra Robiamny Balcácer, «como ellos han colocado en algunos medios. Se recuerda que este caso surge cuando las empresas Icat e Icatek presentaron unas facturas por supuestos servicios académicos prestados, en vista de un convenio firmado el 23 de julio de 2013».
Empero en los archivos de los departamentos Financiero y de Becas se determinó que el expediente estaba incompleto, por lo cual se procedió a iniciar una investigación, acorde a los procedimientos administrativos.
