DICEN PUNTO COM
San Pedro de Macorís La Procuraduría General de la República dijo ayer que está investigando si la firma de Juana Domínguez Salas fue falsificada en el supuesto acuerdo al que habría llegado con su expareja después que intentara matarla en 2017 y cuyo crimen consumó un año y medio más tarde al salir de prisión.
Por este caso está siendo investigada la suspendida fiscal Margarita Hernández Morales, quien se encuentra detenida a raíz del feminicidio de Anibel González, perpetrado luego de que el Ministerio Público, representado por ella, llegara a un acuerdo con su expareja Yasmil Oscar Fernández para obtener su libertad.
La extitular de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, también está siendo implicada en este segundo caso de feminicidio por “presuntamente cometer irregularidades en el transcurso del proceso judicial contra Johan Manuel Ramírez (pareja de Juana Domínguez Salas)”, quien luego de obtener su libertad, tras la firma de un acuerdo, asesinó a su pareja Domínguez Salas.
La vocera de la Procuraduría, Julieta Tejeda, aclaró que todavía no está confirmado si la firma de Domínguez Salas fue falsificada, para que Johan Manuel Ramírez saliera de la cárcel bajo un supuesto acuerdo.
Reveló que “hay evidencias” de que la firma de la occisa fue falsificada en el presunto acuerdo al que arribó con su agresor después de que este hace casi dos años este intentara sin ultimarla.
De igual modo, la vocera de la entidad expresó que está en proceso de investigación si la firma fue alterada.
Familiares Domínguez Salas dudan que la su pariente haya suscrito acuerdo alguno para dejar en libertad a quien fuera su pareja sentimental, que ya en el 2017 la había herido de 11 puñaladas.
Mercedes Domínguez, hermana de la víctima, afirmó que en reiteradas ocasiones su pariente “le había comunicado que ella no firmó el acuerdo que dejó en libertad a Manuel Ramírez”. “En realidad ella no firmó en ese acuerdo, hay que investigar bien a la fiscal, porque ella como mujer debió pensar antes de dejarlo en libertad”, indicó.
Por otro lado, la Seccional del Colegio de Abogados y varias organizaciones de los derechos humanos de San Pedro Macorís se manifestaron frente al Palacio de Justicia, exigiendo que se trate con dignidad a la fiscal que es investigada, debido a que la misma fue llevada a la celda de las “detenidas comunes”.
Se espera que el Ministerio Público de San Pedro de Macorís, deposite la solicitud de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra Margarita Hernández Morales, por presuntamente incurrir en los delitos de asociación de malhechores, complicidad en falsificación y en actos de corrupción. Por el caso de Anibel González guarda prisión preventiva el abogado Alexis Chanel Aponte, de quien se dice que alteró la firma.
San Pedro Macorís ocupa el segundo lugar en la implementación de acuerdos penales con hombres que han agredido o maltratado a sus parejas o ex parejas.
Estadísticas del poder judicial, publicadas por el Diario Libre fundamenta el dato, indicando que solo en el 2018 en esta provincial fueron otorgados 121 acuerdos. Según los establece que esta jurisdicción solo es superado por el Distrito Nacional con 209 permisos y está por encima de Santiago cuya fiscalía otorgó 111 durante ese año.
El dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara, criticó que la PGR tuviera que esperar que la sangre y el asesinato estremecieran la sociedad para tomar medidas con la Unidad de Violencia Género de SPM. Deploró que Johan Ramírez asesinara de 11 puñaladas el pasado lunes a Juana Domínguez, luego de haber salido de prisión preventiva por la firma de un acuerdo con la citada jurisdicción. “Existen 343 casos de acuerdos por maltratos a sus respectivas parejas en el Ministerio Público, tenía la sangre y asesinato estremecer la sociedad para dictar prisión y la Unidad de Género de la PGR como pieza de escándalo”, dijo en Twitter.
Finjus insta al MP parar acuerdos con agresores
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, instó al Ministerio Público “dar un mensaje contundente a la sociedad” y prohibir que se continúen haciendo arreglos con los agresores de mujeres como salida del sistema de justicia penal de los casos de violencia de género por considerar que no cumplen con los requisitos que establece la ley en la mayoría de los casos. “La mayoría de los acuerdos en los casos de violencia contra la mujer como salida del sistema de justicia penal deberían ser inaplicable en el marco de nuestra realidad concreta social, es decir, es un tema que debe ser analizado”, afirmó Castaños Guzmán.
