DICEN PUNTO COM
La suspendida fiscal Margarita Hernández, apresada con relación a los feminicidios de Anibel González y Juana Domínguez, ocurridos luego de que el Ministerio Público, representado por ella, llegar a acuerdos con sus victimarios, acude hoy ante un juez para que le conozca medida de coerción por su alegada responsabilidad en los hechos.
La Procuraduría General de la República (PGR) dijo que pedirá prisión preventiva contra Hernández Morales, a la que acusa de presuntamente incurrir en los delitos de asociación de malhechores, complicidad en falsificación y en actos de corrupción.
La PGR expresó que tiene diferentes evidencias que vinculan a Hernández Morales con los hechos que se les imputan, “por lo que procederá con su sometimiento a la justicia por ante la jurisdicción de San Pedro de Macorís”.
La suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís “es investigada por presuntamente cometer irregularidades en el transcurso del proceso judicial seguido contra Yasmil Oscar Fernández, quien luego de obtener su libertad, tras la firma de un acuerdo, homologado por un juez, le ocasionó la muerte a su expareja Anibel González y luego se suicidó, en un hecho ocurrido en la provincia de San Pedro Macorís el pasado mes de agosto”.
El nuevo caso
La institución destacó que por tratarse de un acuerdo similar, también aprobado mediante autorización judicial por un juez, hace varias semanas la Inspectoría General del Ministerio Público inició una investigación sobre el acuerdo que dejó en libertad a Johan Manuel Ramírez mientras cumplía una condena de tres años por agredir a su pareja, Juana Domínguez Salas, con un arma blanca en un hecho también ocurriodo en San Pedro de Macorís.
Pide revisar artículos favorecen acuerdos
La ministra de la Mujer, Janet Camilo, hizo un llamado al Congreso Nacional con el fin de que el Código Procesal Penal sea revisado en los artículos que permiten los acuerdos con autoridades judiciales en casos de violencia intrafamiliar. Dijo que realizará la solicitud formal ante los legisladores para evitar casos de feminicidios como los de San Pedro de Macorís.
