La corte, presidida por la magistrada Doris Pujols, tras la variación de la medida de coerción, impusieron De la Cruz Tavares el pago de una garantía económica de RD$3 millones a través de una aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica..
Según la solicitud de la medida de coerción el fiscal establece que la víctima realizó siete depósitos a una cuenta bancaria que utilizaba el imputado a nombre de un presunto asistente para pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pero el pago no se produjo. Esos depósitos bancarios se realizaron en distintas fechas del año 2018, por concepto de gestión de impuestos, y sumaron RD$2,625.000.
El comerciante también efectuó dos pagos en efectivo entregados al chofer del imputado, que sumaron RD$1,500,000. A los seis meses de entregar el dinero Abreu se percató que no hicieron ningún pago.