Santo Domingo.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, negó hoy la acusación del expresidente Leonel Fernández, quien aseguró que el supuesto plan de fraude se inició cuando se produjo un incendio en los almacenes de la Junta Central Electoral en el pasado mes de julio.
“El 21 de julio de este año casi a la 1:00 de la tarde se produjo un incendio en uno de nuestros almacenes, ese incendio no tuvo absolutamente nada que ver con los equipos que se utilizaron el 06 de octubre”, aclaró durante una rueda de prensa.
En una alocución Fernández aseguró ayer que la JCE utilizó ese incidente como excusa para tener contactos con los equipos nuevos, argumentando que los revisarían para determinar si sufrieron daños.
Sin embargo, Castaños Guzmán indicó que dos meses después del incendio fue colocado a los equipos usados en las primarias el software clonado.
“Los equipos que no sufrieron ningún daño, absolutamente ningún daño porque estaban a kilómetros de donde se produjo el incendio, el 21 de septiembre se les introdujo el software clonado, el mismo software a las 7,372 máquinas”, acotó.
El presidente de la JCE calificó como una “patraña mendaz” las acusaciones del expresidente y desmintió categóricamente la posibilidad planteada por el líder peledeísta.
Asimismo, demandó que sean presentadas las pruebas de las informaciones falsas que se están emitiendo y que requirió a las telefónicas Claro y Altice una certificación sobre presunta perturbación maliciosa de las líneas que transmitieron resultados de las primarias.
“Una acusación sin prueba es una calumnia, la persona que hace este tipo de afirmaciones está en el deber y en la obligación de presentar las pruebas”, condenó.
En cuanto a la auditoría forense solicitada por Fernández, dijo que la “JCE no ha cedido a que se haga la auditoría forense, lo ha decidido que son cosas diferentes, nosotros no hemos decidido hacer esa auditoría forense porque aquí se haya hecho una manifestación, eso estaba predeterminado y decidido los términos técnicos de ese trabajo y esa contratación son públicos”.