DICEN PUNTO COM
Estados Unidos .- Países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron hoy al Gobierno de Nicaragua que inicie un proceso electoral con observadores internacionales para poner fin a la represión que se vive en el país desde las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.
En la revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, representantes de países como Francia o Japón recomendaron al gobierno nicaragüense que inicie “un proceso que permita la celebración de elecciones libres con observación internacional”.
Numerosos miembros pidieron además la liberación de presos políticos detenidos a consecuencia de las protestas contra el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como el fin de la represión a activistas y garantías para el ejercicio de la libre expresión, ante las acusaciones de censura y acoso contra periodistas críticos.
La delegación nicaragüense, encabezada por el ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, sostuvo que cualquier cambio en el actual periodo electoral, programado para terminar en 2021, implicaría “violentar el orden constitucional y sentar un mal precedente”.
Jaentschke señaló que el Gobierno de Nicaragua “trabaja arduamente para restaurar la paz, el orden y la seguridad” en el país, a través de negociaciones con la opositora Alianza Cívica, las cuales comenzaron el pasado 27 de febrero.
Sin embargo, la delegación española recordó que ese proceso de diálogo se encuentra suspendido en medio de “una difícil situación para los derechos humanos”.
España y otros miembros del Consejo pidieron a Nicaragua que acepte el regreso de representaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que “cese las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza”.
Jaentschke argumentó que las protestas, que comenzaron en abril de 2018, ueron organizadas por facciones políticas radicales “posando como ONG” con el fin de “promover la desestabilización del país con el propósito de derrocar al Gobierno constitucional”.
El intento de desestabilización de Nicaragua está financiado “por los mismos que han aprobado sanciones para impedir el acceso de los nicaragüenses a los recursos para continuar el camino del progreso, la paz y el bienestar”, señaló la representación del país centroamericano refiriéndose directamente a Estados Unidos.También acusó a la CIDH, que condujo una investigación de los primeros incidentes violentos de 2018, de “no hacer ningún esfuerzo para comprobarlas” e incluir personas que están vivas, no existen, o fallecieron en accidentes.
En la comparecencia ente el consejo, Jaentschke sólo admitió que “a raíz del intento de derrocamiento del Gobierno fallecieron 198 personas de manera violenta, entre ellas 22 policías”.
El pasado 21 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos ya adoptó una resolución contra Nicaragua por la represión violenta de las protestas de 2018, en la que instó al gobierno de ese país a poner en libertad a los detenidos de forma arbitraria y a reanudar la cooperación con la ONU. EFE
