DICEN PUNTO COM
Aseguró Harold Modesto, director del OJD-Funglode, al referirse al discurso de rendición de cuentas del Presidente de la República el pasado 27 de febrero.
Santo Domingo, D.N., 28 de enero de 2019. Al ser consultado acerca de su parecer con relación al Discurso de Rendición de Cuentas, Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), aseguró que el punto que más atrajo su atención fue el del aumento del salario mínimo del sector público, en razón de que este tendrá un impacto en la cuantía de las multas en distintas materias.
“Es una gran noticia y felicitamos al Gobierno dominicano por el aumento del salario mínimo del sector público, que ascenderá de 5 117 a 10 000 pesos en el mes de abril, tal como lo anunció el presidente Danilo Medina; sin embargo, esto implica el aumento de casi el 100 % de las cuantías de las multas en todas las materias en las cuales el parámetro fijado es el salario mínimo del sector público”, afirmó.
El Director del OJD-Funglode, al referirse a este punto se mostró optimista, pero no dejó de externar su preocupación por las consecuencias que podría desencadenar este aumento cuando las multas se impongan en el ejercicio de la facultad sancionadora de la Administración o por disposición de los tribunales de la República.
“Cuando se habla del poder sancionador de la administración y de la imposición de multas por los tribunales, en el marco establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, es vital acudir al análisis económico del derecho. Esto permite prever escenarios y adelantarnos a la conflictividad derivada del diseño y la implementación de las políticas públicas. Las decisiones de gobierno deben contemplar, a partir de una ponderación oportuna de riesgos, la complejidad de las realidades que se impactan con las mismas”, explicó.
Sostuvo que para el observatorio judicial es previsible un aumento de la conflictividad y la litigiosidad, sobre todo en las materias como tránsito, tributaria o fiscal, medioambiental, consumo, competencia, entre otras, a causa de la impugnación de los actos que imponen multas cuyas cuantías ascenderían casi al doble luego del aumento.
Tránsito y otras materias
El también docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), indicó que debe ponerse atención en el impacto que esto tendría en la eficacia de la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debido a que uno de los grandes obstáculos que ha tenido su aplicación es que la multa más baja equivale a los 5 117 que representa actualmente el salario mínimo del sector público.
“Imaginemos por un momento que infracciones como transportar más pasajeros de los que indica el fabricante y colocar propaganda en las vías públicas pueden acarrear multas de hasta 30 000 pesos. También pensemos, que si se trata de conducir sin licencia o que los peatones y los conductores violen las señales del semáforo las multas ascienderían hasta 50 000 pesos”, resaltó.
También mencionó que por el incumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes las multas que hoy van de cinco a treinta salarios mínimos aumenten de un máximo de 153 510 pesos a 300 000 pesos, según lo contempla la Ley núm. 11-92 que establece el Código Tributario. En materia medioambiental, las que van de medio salario mínimo a 3 000 salarios mínimos, aumentarían de un umbral entre 5 117 y 15 351 000 pesos a un umbral entre 10 000 y 30 000 000 de pesos, según la Ley General sobre Medioambiente y Recursos Naturales (núm. 64-00).
“Además de las materias de tránsito y medio ambiente, lo mismo acontecería con el derecho del consumidor, donde se prevén sanciones hasta 500 salarios mínimos, según la Ley general núm 358-05, de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. En materia de derecho de la competencia, igual que en materia medioambiental, las multas pueden ascender hasta 3 000 salarios mínimos, como lo dispone la Ley núm. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia”, añadió.
Finalmente, Harold Modesto, sugirió al Gobierno encabezado por el presidente Medina, realizar un análisis que permita un mayor dominio de los datos sobre las multas y prever las consecuencias del aumento. De esta manera, al tiempo de beneficiar a los empleados que devengan menos de 10 000 pesos —compuesto por el 16, 48 % en este sector (59 078 empleados) según datos del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP, 2019)— no se afectaría a otros importantes segmentos nacionales, porque de lo contrario esto se podría revertir en contra de los mismos beneficiarios y el resto de la sociedad.
