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PEKÍN.- La condena a muerte a un ciudadano canadiense por tráfico de drogas en China ha agravado la crisis diplomática entre Pekín y Ottawa abierta desde diciembre tras la detención de la directora ejecutiva de Huawei, y que ha desembocado en un cruce de acusaciones entre ambas partes.
La sentencia a Schellenberg, que según su abogado ya ha sido recurrida, fue anunciada ayer por un tribunal de Dalian, en el noreste del país, en un juicio que generó gran expectación y al que el Gobierno chino permitió el acceso de un selecto grupo de periodistas extranjeros, algo inusual.
Tras ser juzgado inicialmente en 2016 y condenado a 15 años de prisión, el juicio se repitió después de que el veredicto contra el canadiense fuera apelado porque los fiscales consideraron que la pena era demasiado leve.
La reacción de Canadá a esta dura sentencia fue inmediata y el primer ministro, Justin Trudeau, acusó a China de haber aplicado “arbitrariamente” la pena de muerte, y aseguró que se trata de una “grave preocupación” para su Gobierno y también debería serlo para toda la comunidad internacional.
“Antes de hacer tales comentarios, la persona en particular (Trudeau) tiene que leer atentamente la notificación emitida por el Tribunal Intermedio de Dalian y las leyes chinas pertinentes”, advirtió hoy en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hua Chunying.
Tras defender que “todas las personas son iguales ante la Ley en China” y pedir a Canadá que respete el Estado de Derecho y la soberanía china, Hua recriminó que “quien detiene arbitrariamente a ciudadanos extranjeros es la parte canadiense”.
Así, de manera indirecta, aludió al arresto del pasado 1 de diciembre en Canadá de la directora financiera de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos, que supuso el inicio de las tensiones diplomáticas que no han hecho más que agravarse en las últimas semanas.
Preguntada por el caso Meng, aseguró que no es un “caso legal normal” porque su detención supone “un abuso de los procedimientos legales”, y volvió a exigir a Canadá su “liberación inmediata”.
Días después del arresto de Meng, Pekín detuvo a dos canadienses, Michael Kovrig y Michael Spavor, supuestamente por poner en riesgo la seguridad nacional china. Mientras Meng disfruta ahora de libertad bajo fianza, ambos siguen bajo custodia policial.
Tras la condena a muerte a Schellenberg, Canadá también advirtió a sus nacionales del “riesgo de la aplicación arbitraria” de las leyes en China y les recomendó “ejercer un alto nivel de precaución” en el país asiático.
