El Falpo amenaza con movilizaciones si no dejan libres a sus miembros

El Frente Amplio de Lucha Popular  (Falpo) se encuentra este martes frente a la Fiscalía del Distrito Nacional, que está fuertemente custodiada por agentes policiales, en demanda de que sean liberados los miembros que lanzaron excremento humano ayer frente a la Suprema Corte de Justicia.

Pablo Estévez, vocero del movimiento, indicó que comenzarán a realizar movilizaciones en todo país si no dejan libres a sus miembros.

Asimismo, dijo que en varias provincias comenzaron las manifestaciones donde fue apresado el dirigente Fernando Peña.

Por el hecho fueron detenidos  siete personas. Ellos son  Manuel Robinson Morillo Martínez, Juan Antonio Martínez Paredes, Jennifer Germosén Rosario, Ángela Carolina Báez Jacobo, Cristian Ismael Jiménez Rosario, Richard Hernández Peralta y Gabriel Sánchez Rosario.

Ayer, mediante un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que por instrucciones del procurador general de la República, Jean Rodríguez, los detenidos serán sometidos a la acción de la justicia.

Rodríguez instruyó a la procuradora  fiscal titular de Distrito Nacional, Rosalba Ramos, para que sea solicitada medida de coerción consistente en prisión preventiva al referido grupo de personas.

El jefe del Ministerio Público manifestó que “no permitirá que se generen daños a la propiedad pública, se le falte el respeto a los símbolos patrios, ni que sean ultrajadas las instituciones del Estado”.

El grupo de siete imputados por haber alterado el orden público y ultrajar la Bandera Nacional, así como generar daños al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, fueron apresados en flagrante delito por agentes de la Policía Nacional que custodiaban el citado edificio.

Preliminarmente, el Ministerio Público ha calificado los hechos de violación a los artículos 265, 266, 222, los cuales tipifican la asociación de malhechores, el ultraje y violencia a la autoridad pública, así como los artículos 17 y 18 de la Ley de los símbolos patrios, además de los artículos 1 y 2 de la Ley 5797 sobre Destrucción de Propiedad Pública.

El hecho ocurrió en el marco de las actividades que se llevaban a cabo por la celebración del Día del Poder Judicial.

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