DICEN PUNTO COM
SAN SALVADOR. Una corte penal de El Salvador concluyó ayer el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) por un millonario desfalco y comenzó las deliberaciones para decidir si aplica la pena de 10 años que pactó con la Fiscalía o una menor.
“Ha culminado el desarrollo de la presente audiencia”, anunció el juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, José Luis Gianmattei, tras 17 jornadas.
El juicio, el primero que se instala en el país centroamericano contra un expresidente de la época democrática de El Salvador, dio un giro inesperado desde el inicio, dado que Saca y cinco de sus excolaboradores decidieron pactar con la Fiscalía.
Este acuerdo, conocido como “juicio abreviado”, permitió que Saca y los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, confesaran sus delitos a cambio de penas leves.
Al mismo beneficio se acogieron el ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera.
La Fiscalía, que pactó pese a desconocer el destino de 191 millones de dólares de los más de 300, pidió que Saca y Charlaix purguen 10 años de prisión y que Rodríguez Arteaga pase 6 años en prisión, los tres por peculado y lavado de dinero.
Los representantes del Ministerio Público también solicitaron, al cierre de sus “alegatos finales”, penas de 5 años para Rank y Funes, y 3 años para Herrera.
Esta modalidad de juicio permite a los imputados obtener una pena leve a cambio de confesar sus delitos y prescindir de cualquier prueba de descargo, pero la legislación salvadoreña deja a los juzgadores la opción de imponer una sentencia menor.
De hecho, los abogados defensores hicieron énfasis en esta situación durante sus intervenciones finales y llamaron a los juzgadores a valorar penas más bajas, que podrían ser de hasta 20 meses por cada delito.
La única persona que no aceptó los cargos fue el exempleado de la Presidencia Pablo Gómez, por lo que la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de cárcel por peculado y lavado de dinero.
