DICEN PUNTO COM
La República Dominicana ha sido uno de los pocos países de América Latina intervenido militarmente en dos ocasiones por los Estados Unidos. Ese trauma ha generado escasas simpatías a las políticas de Washington. A pesar de la histórica aversión al establishment imperial, la sociedad de hoy ha visto con agrado la cancelación del visado a funcionarios o a personas sindicadas como autores de hechos ilícitos. El ejercicio de esta facultad se ha convertido virtualmente en la única “sanción” a la imperturbable impunidad pública que nos arropa. La cancelación del visado constituye un estigma social por suponer una presunción de corrupción que marcará o no el nombre del afectado dependiendo de su relevancia política, marca social o la estima que este tenga de su propia imagen pública.
Las autoridades estadounidenses tienen la potestad de cancelar las visas a las personas que entiendan con indicios razonables de estar asociadas a actividades ilícitas, aunque no haya una querella formal ni un procedimiento judicial en curso en el país ni en cualquier jurisdicción estatal o federal estadounidense, porque ese permiso (la visa) no es considerado como un derecho del beneficiario; es un privilegio que otorga potestativamente el gobierno estadounidense a los extranjeros. Tampoco es injerencia; es un acto de soberanía.
La Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA) establece en la sección 212 los distintos motivos de inadmisibilidad del visado. El proyecto de ley McCarran-Walter de 1952, Ley Pública núm. 82-414, recogió y codificó muchas de las disposiciones dispersas existentes, reorganizando así la estructura de la ley de inmigración. Esta ley ha sufrido varias modificaciones, pero sigue siendo el cuerpo normativo básico del régimen inmigratorio. Las condiciones y causas de la no admisibilidad están taxativamente enumeradas; son tan diversas como laxas y van desde la prostitución, enfermedad (física, mental o de trasmisión sexual) terrorismo, narcotráfico, lavado, espionaje o pertenencia a un partido nazi hasta cualquier delito que implique alguna depravación moral.
La política de inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de las embajadas, consiste, en parte, en acopiar información relevante no solo del Gobierno dominicano como entidad pública o de su principal ejecutivo, sino de los comportamientos particulares de funcionarios, legisladores, fiscales, jueces y de manera general de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sensibles a los intereses y la seguridad de los Estados Unidos.
Es posible que la data acopiada nunca se revele y que posteriormente sea desclasificada según los procedimientos, plazos y causas vigentes; solo se tiene en archivo para, en el momento requerido, invalidar a esa persona como elegible para cualquier solicitud de entrada, residencia o ciudadanía en ese país o para hacer negocios o inversiones e incluso para cualquier proceso penal abierto o por abrir en los Estados Unidos. Los cables publicados por WikiLeaks hace ya varios años revelaron los formatos y contenidos de los despachos de las embajadas, muchos de los cuales aludían a temas aparentemente irrelevantes. Esos “reportes” no son protocolos nuevos, forman parte de las líneas convencionales de información reservada de las embajadas de Estados Unidos en el mundo.
Dentro de nuestra cultura popular, el visado “americano” ha sido una pretensión de fuerte inspiración social. Es la vía legal para escapar. New York, tierra de promisión, es la meca de viejos ensueños en los estamentos bajos, donde seis de cada diez desean emigrar. En el imaginario común no es fácilmente digerible la idea de que la gente de poder no pueda ir a “Nueva Yol”, en tanto ellos, tratados como parias, pueden viajar con sus doce maletas. El impacto sociológico de la cancelación de la visa es más sensible en términos punitivos que la condena de un tribunal dominicano.
La corrupción pública ha sido considerada como tema de primera atención para la política exterior de la administración Trump en América Latina. La República Dominicana está en el foco vivo de esos intereses. El asunto es más sensitivo de lo que imaginamos, atizado por la difusa agenda que ha manejado el Estado dominicano en tópicos no concurrentes con los intereses regionales de los Estados Unidos, como son el respaldo al gobierno de Venezuela, la apertura de relaciones diplomáticas con China y las compras y contrataciones de bienes y servicios en Brasil con preferencia a las ofertas estadounidenses. Al margen de esos motivos, que son muy propios, coyunturales e interesados, los Estados Unidos abren una nueva ventana en sus relaciones continentales marcada por la intolerancia hacia la inmigración ilegal, la corrupción y la impunidad. Recientemente la Cámara de Representantes dispuso que el Gobierno estadounidense aumentara el escrutinio de los casos de corrupción en Centroamérica a través de una enmienda incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). En virtud de esa reforma, el secretario de Defensa debe elaborar una lista de funcionarios de los gobiernos centroamericanos que estén involucrados en casos de corrupción. La reciedumbre de esa política ha evitado que los Estados Unidos siga siendo el territorio de escape y destino de expresidentes perseguidos judicialmente en sus países.
Existe una voluntad muy determinada del Gobierno de los Estados Unidos con la agenda en contra de la impunidad, sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Hay una mayor apertura para atender las demandas ciudadanas de otros países para abrir procesos judiciales en cortes estadounidenses en contra de expresidentes y exfuncionarios que han utilizado el sistema financiero y de pagos de los Estados Unidos o hayan realizado transacciones comerciales. El Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y del propio Departamento de Defensa dispone de los instrumentos, dispositivos, normas y procedimientos para sustentar cualquier esfuerzo meritorio en ese sentido.
En estos últimos tres meses se ha dispuesto la cancelación de visados a jueces, legisladores, exfuncionarios y burócratas públicos dominicanos. Vienen más. No son acciones aisladas; son parte de una política que tomará cuerpo y alcance cuando la nueva embajadora asuma sus funciones. Creo que en lo adelante cualquier precandidato a la presidencia de la República que pueda verse afectado por esta situación está en el deber de comunicarlo sin desmedro de las implicaciones. Es un asunto de absoluto interés público que tarde o temprano se sabrá; callarlo es peor.
