DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó para hoy su decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la venta irregular de Los Tres Brazos.
José Alejandro Vargas informó a las partes que de forma tentativa el fallo pudiera darse entre el mediodía y la 1:00 de la tarde cuando la sala utilizada para el conocimiento de la medida se desocupe o cualquier otra con capacidad para que todos quepan.
Todos los imputados, a través de sus abogados, solicitaron al juez desestimar la medida de coerción y en caso de considerar la imposición de una medida que sea la presentación periódica e impedimento de salida.
Por la venta de Los Tres Brazos el Ministerio Público presentó acusación y pidió prisión preventiva contra Leoncio Almánzar, exdirector de CORDE; Rosabel Castillo, Registradora Nacional de Títulos; Juana Ynés Gómez Williams, principal accionista la Inmobiliaria GOWI; Domingo Geraldo Lebrón; Manuel Aybar, ex gerente inmobiliario de CORDE.
Ademas los agrimensores Ana Antonio Ozuna y Hadonis Ruiz Mella; los hermanos Carlos Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de Infepa; Irving Cruz, ex consultor jurídico del CORDE y José de Pool Domimici, principal accionista de Titulatec.
De Pool Dominici explicó al juez que en principio solo promotor del proyecto y que luego se involucró e incluso visitó dos veces al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para explicarle sobre la inversión, la primera vez, y luego para pedirle que el Estado subvencionara al los moradores de Los Tres Brazos porque el proceso de titulación saldría muy caro y que éste lo remitió hasta José Dantés Díaz, de la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado.
Al ejercer su defensa material en la audiencia de solicitud de medida de coerción el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío, dijo que desconocía, en los doce años que estuvo en la institución, el decreto que declaraba de utilidad pública los terrenos donde está ubicado Los Tres Brazos.
Almánzar Objío reiteró, además, que no era necesario enviar al Congreso Nacional los contratos de compra y venta.
