Exdirector de Corde desconoció proceso de venta de terrenos

El exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, representaba dos empresas dueñas de tres parcelas, que conformaban Los Tres Brazos.

De acuerdo con el expediente acusatorio de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, (PEPCA), las parcelas 153 A-1, 153 A-2 y 155, que componen los terrenos del sector Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este, pertenecían a La Fábrica Dominicana de Cementos, C por A. y a la Dominicana Industrial de Calzados, C por A. (Doinca). Sin embargo, para 1995, una fue expropiada de los terrenos, y otra se la vendió al Estado dominicano, hecho por el cual las tierras pasaban a ser propiedad de Corde.

Para el 2007, según indica el expediente acusatorio de PEPCA, el exdirector del Corde desconoció el proceso de venta y se hizo pasar como administrador de ambas empresas, ya disueltas, para evitar que su proceso de venta pasara obligatoriamente por el Senado de la República.

Señala el expediente que para realizar esta maniobra, Almánzar se valió de cartas enviadas al Registro de Títulos del Distrito Nacional, señalando que con el proceso de movilización de documentos se habían perdido los títulos, parte en que entra la acusada Rosabel Castillo Rolffot, señalada por Ministerio Público por estar involucrada en transferencia ilícita.

Indica también que con las transferencias, en el año 2010 se procedió al proceso de venta mediante Servicios Inmobiliarios Gowi, que representaba Juana Inés Gómez, a la que se le pagó un monto de 200 mil pesos por cada venta, para un total por la venta de las tres parcelas de 600 mil pesos.

La empresa a la que, en primer lugar, fueron vendidos los terrenos fue Inversiones Fernández Parache y Asociados, (Infepa), cuyo representante es Domingo Gerardo Lebrón. Entre Domingo Lebrón y Leoncio Almánzar se dieron las negociaciones en la que acordaron en 2010 la venta de las parcelas 153 A-1, 155 y 153 A-2, por montos ascendentes a cerca de 80 millones de pesos. Según la acusación, los documentos fueron recibidos, firmados y no objetados por Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz, director inmobiliario y consultor jurídico de Corde.

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