SAN DIEGO. Casi 1.200 niños mayores de 5 años que fueron separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos han sido reunidos con sus familias, informó el lunes el gobierno del presidente Donald Trump, pero aún hay cientos de casos restantes antes de que se cumpla esta semana el plazo que impuso un tribunal.
El Departamento de Justicia señaló en documentos presentados ante la corte que se han realizado 1.187 reunificaciones “y otras bajas apropiadas” de parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los documentos no proporcionan más detalles sobre “otras bajas apropiadas”
El gobierno ha identificado a 2.551 niños de al menos 5 años que fueron separados de sus familiares.
El juez federal de distrito Dana Sabraw dio hasta el jueves de esta semana como plazo para que el gobierno reúna a los demás niños con sus padres. Fijó una fecha límite previa para los niños menores de 5 años.
Más de 1.600 adultos al parecer reunieron los criterios para la reunificación, incluidos 217 que las autoridades de inmigración dejaron en libertad dentro de Estados Unidos, según el documento. Más de 500 eran investigados y aguardaban su transportación.
Más de 900 “no reunían los criterios o se desconocía si podrían hacerlo”, y muchos continuaban siendo investigados.
El gobierno continuaba elaborando una lista con el número de adultos deportados.
Sabraw ordenó actualizaciones frecuentes de las cifras a medida que se aproxima el vencimiento del plazo. Representantes del gobierno y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que defiende a las familias inmigrantes, comparecerán el martes ante la corte por séptima ocasión este mes a fin de examinar la situación vigente.
La semana pasada, el juez suspendió temporalmente las deportaciones de familias a fin de dar tiempo al gobierno para que respondiera a una solicitud de la ACLU de que conceda a los padres una semana para decidir si quieren pedir asilo después de reencontrarse con sus hijos.
El gobierno tenía como plazo para contestar el lunes en la mañana. Pero ambas partes solicitaron una extensión de un día a fin de superar diferencias, lo que abre la posibilidad de levantar la suspensión.