DICEN PUNTO COM
San Francisco de Macorís. El Primer Juzgado de Instrucción del distrito judicial de Duarte aplazó este lunes la audiencia preliminar a Marlon y su madre Marlin Martínez, acusados del asesinato y posterior desaparición de la adolescente embarazada Emely Peguero.
Tras varias horas de oír a las partes involucradas en el proceso, la magistrada tomó la decisión como medida preventiva para evitar posibles manifestaciones. El caso se reanudará el próximo viernes 15.
Al iniciar la audiencia de ayer el padre de Emely Peguero, Genaro Peguero, había alegado, que uno de los abogados de la parte querellante, Noel Medina, no estaba presente en la sala de audiencias al momento de la jueza ordenar comenzar el proceso.
La jueza cuestionó dicha ausencia, en razón de que todas las partes fueron debidamente notificadas.
Los abogados de los imputados se opusieron a que la audiencia fuera pospuesta debido a que, a su entender, no hubo un alegato razonable para ello y se dio inicio formal a la audiencia.
La audiencia fue suspendida por más de una hora por la jueza Isolina Contreras Peralta, para analizar los debates que en torno al juicio se presentaron por ambas defensas.
La barra de la defensa de Emely Peguero estuvo encabezada por el abogado José Martínez Hoepelman, mientras que por Marlin y su hijo Marlon la dirigió la abogada Ingrid Hidalgo.
El conocimiento de la medida preliminar del proceso se ha reenviado en varias ocasiones, motivado a una serie de procedimientos jurídicos de las partes.
A la sala de la audiencia del tribunal, tanto Adalgisa Polanco, la madre de Emely Peguero, como Marlin Martínez, acudieron vestidas de blanco por primera vez, lo que representó algunos comentarios por parte de los asistentes al conocimiento de la medida.
Marlon y Marlin, principales acusados
A Marlon se le acusa de asesinato, incriminado por los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal dominicano. A su madre Marlin se le imputa complicidad en el crimen, en violación a los artículos 59, 60, 61 y 62 del Código Penal. Los actores civiles además de sumarse al pedimento de las sanciones penales, plantean una indemnización de 20 millones de pesos.
