DICEN PUNTO COM
VIENA. El Gobierno de derechas de Austria desveló ayer planes para reducir los beneficios sociales para inmigrantes, incluidos refugiados y ciudadanos de la Unión Europea (UE), con el objetivo de hacer el país centroeuropeo menos atractivo a la llegada de extranjeros.
El punto central de la reforma es que el salario social -que se desembolsa cuando se agotan las prestaciones por desempleo- será de 563 euros mensuales para inmigrantes, frente a los 863 euros que recibirá un austríaco.
En caso de que los inmigrantes superen una prueba de lengua alemana de nivel medio (B1) podrían recibir el salario social completo, al sumarse 300 euros como “bono de cualificación laboral”.
También se pone como condición haber vivido en Austria cinco de los últimos seis años antes de solicitar la prestación.
“El idioma alemán se convertirá en la clave para acceder al salario social completo”, declaró hoy el canciller, Sebastian Kurz, en una rueda de prensa.
Kurz, líder del conservador Partido Popular (ÖVP), Gobierna desde diciembre de 2017 en coalición con el ultraderechista FPÖ, y ambas formaciones han puesto el acento en la lucha contra la inmigración y en reducir las ayudas sociales a los extranjeros, incluidos refugiados.
La medida anunciada ayer puede ser discriminatoria para ciudadanos de la UE, que según el derecho comunitario están sometidos a las mismas normas y tiene derecho a las mismas prestaciones que los nacionales.
Kurz consideró que la futura ley será conforme a la normativa europea pero reconoció que será el Tribunal Constitucional el que deba decidir si la medida cumple las reglas.
El canciller argumentó la necesidad de la reforma por el aumento de las personas que demandan el salario social y dijo que con la medida se “lucha contra la inmigración en el sistema social”.
“Quien emigre a Austria no puede recibir el salario social completo desde el primer día”, resumió.
Juristas citados por la prensa austríaca indican que la norma también es discriminatoria con los refugiados -personas con el estatuto de asilo concedido- ya que una normativa europea establece que deben contar con el mismo acceso a ayudas sociales que los nacionales.
El pasado marzo el Constitucional austríaco declaró ilegal una normativa regional que imponía como condición para recibir algunas ayudas sociales haber vivido en el país un mínimo de cinco años.
El Gobierno quiere presentar el proyecto de ley en el Parlamento a fines de junio para que sea aprobada la reforma en otoño.
