DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO. La diputada perremeísta Jacqueline Montero dijo este jueves que el apresamiento de las trabajadoras sexuales en los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, constituye una discriminación y una violación a sus derechos al momento de ejercer ese oficio en el país.
“En la República Dominicana no existe una ley que prohíba el trabajo sexual, por lo tanto, ese apresamiento resultó ilegal”, afirmó la legisladora del Partido Revolucionaria Moderno (PRM), por la provincia de San Cristóbal.
La también directora del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), comentó que “es natural el hecho de que las trabajadoras sexuales escojan esa área para ofrecer sus servicios sexuales, debido a que es una zona ampliamente transitada”.
Asimismo, Montero denunció que en vez de colocarlas en una situación de mucho más vulnerabilidad, el Estado y la Alcaldía de Higuey deberían crear más fuentes de empleos, para que las trabajadoras sexuales tengan otras opciones en la vida.
“La mayoría de las compañeras que realizan el trabajo sexual son madres solteras que deben mantener solas a sus hijos y a las cuales se les hace difícil conseguir empleo, por la discriminación que experimentan en el día a día. El Estado debe garantizarle sus derechos en vez de maltratarlas”, finalizó.
