VARSOVIA. El presidente polaco, Andrzej Duda, firmó este martes la ley sobre el Holocausto, destinada a proteger la imagen del país en el extranjero, lo que ha causado fuertes tensiones con Israel, Estados Unidos y Ucrania.
La ley prevé penas de tres años de prisión para las personas, incluidos los extranjeros, que acusen “contrariamente a los hechos” a la nación o Estado polacos de su participación en los crímenes de la Alemania nazi.
“Decidí firmar la ley y luego transmitirla al Tribunal Constitucional”, declaró Duda a la televisión. “Es una solución que por un lado preserva los intereses de Polonia, nuestra dignidad y la verdad histórica, para que los juicios sobre nosotros en el mundo sean honestos, que se abstengan de difamarnos”, añadió.
Duda demandó al Tribunal Constitucional que verifique su conformidad con la ley fundamental en lo que concierne a la libertad de expresión, y de paso sobre la imposición de penas de prisión a quienes acusen al país en este aspecto.
El texto fue firmado, confirmó a la AFP el servicio de prensa de la presidencia polaca.
La ley puso a los conservadores nacionalistas, en el poder, frente al dilema de no aprobarla y ser acusados de haber cedido ante las presiones extranjeras o votarla y dañar las relaciones con Estados Unidos e Israel. Pero, para ellos era necesario desterrar expresiones como “campos de la muerte polacos”, utilizada con frecuencia por políticos extranjeros que, según ellos, dañan la imagen de su país.
“Esta ley es sin fundamentos. No podemos cambiar la Historia y el Holocausto no puede negarse”, había declarado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En cambio su ministerio de Exteriores fue más moderado y espera “cambios y correcciones” en el texto.
Dirigentes israelíes y de organizaciones judías internacionales ven en esta ley un intento de negar la participación de ciertos polacos en el Holocausto e incluso impedir a los sobrevivientes poder contar su experiencia, algo que Varsovia desmiente.
Estados Unidos expresó el martes su “decepción” después de la firma del texto que “perjudica a la libertad de expresión y al debate académico”.