DICEN PUNTO COM
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Colegio Dominicano de Abogados (CARD) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) se suman al respaldo de la propuesta del Premio Nacional del Periodismo 2017, Osvaldo Santana, sobre eliminar la prisión como delito de prensa en la ley sobre expresión y difusión del pensamiento y en el Código Penal.El Colegio Dominicano de Periodistas consideró que la sugerencia del también director de elCaribe, es avanzada y progresista y que sería el punto de partida de un libre ejercicio donde la autocensura puede ir corrigiéndose.
“Cuando esa propuesta sea convertida en ley nosotros no tendremos miedo de que nos metan presos por decir o escribir algo”, expresó el presidente del gremio, Adriano de la Cruz.
Dijo que la propuesta de Santana será introducida en la enmienda a la ley 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento que el gremio depositó ante el Congreso.
“Haremos unas revisiones, como el del Tribunal Constitucional, en un apoderamiento heredado de la Antigua Suprema Corte de Justicia, falló y anuló los artículos 30,31,34,37,46,47 y 48 de la ley 6132, que eran parte de las sanciones en los denominados delitos de honor, y ahora es la oportunidad de agregar ese punto, que nos liberará de una enorme presión”, dijo de la Cruz.
CARD dice se deben sancionar a los extorsionadores
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, expresó que la pena de cárcel en materia de delitos de prensa, debe eliminarse. Sin embargo, consideró que hay que aprobar un régimen estricto para sancionar a las personas que utilizan los medios de comunicación para extorsionar personas públicas como empresarios o funcionarios.
Reflexionó sobre la diferencia entre la comunicación objetiva sobre la base de una información real y otra muy distinta la práctica negativa.
Dice se ajusta a Estado social y democrático
La Fundación Justicia y Transparencia valoró la propuesta, por el peso que tiene en la democracia el derecho a la libertad de expresión, redimensionada en la Constitución dominicana, como un derecho a la información.
