DICEN PUNTO COM
MADRID. Un juez del Tribunal Supremo español dictó ayer órdenes de cárcel eludibles con fianzas para la presidenta del Parlamento de la región de Cataluña y otros cuatro diputados que tramitaron la declaración de independencia ilegal aprobada en esa Cámara el pasado 27 de octubre.
En concreto, el juez Pablo Llarena fijó una fianza de 150.000 euros (unos 174.000 dólares) a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y de 25.000 euros (unos 29.000 dólares) para los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet y, a todos ellos excepto a Forcadell, les da una semana de plazo para abonarlas.
Forcadell ingresará esta noche en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco ya que, de momento, no ha podido reunir la fianza exigida y será trasladada a ese centro penitenciario, el único con módulo femenino de Madrid.
Para los cinco que declararon hoy ante el Supremo, Forcadell y los cuatro diputados, la Fiscalía había pedido cárcel por los delitos de rebelión y sedición, aunque en el caso de Ramona Barrufet señalaba que podía evitarla con una fianza.
Al sexto diputado compareciente ayer, Joan Josep Nuet, el juez le dejó en libertad, de acuerdo con el ministerio público, porque en la vista demostró que había votado en contra de la tramitación de la declaración independentista.
Los seis integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico catalán – que es su órgano rector – prestaron declaración ante el Supremo por su papel en la declaración de independencia aprobada a finales de octubre, que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.
En el interrogatorio, Forcadell y sus cuatro compañeros a los que se ha dictado prisión con fianza atribuyeron a la Declaración de Independencia del 27 de octubre un valor simbólico, pero no jurídico, y mostraron acatamiento a las medidas del Gobierno central para restablecer la legalidad constitucional.
En el auto en el que ha fijado sus medidas cautelares, el juez del Supremo expone que, en sus declaraciones de hoy, no es que los querellados hayan asumido la intervención derivada del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que “o bien renuncian a actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.
