DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) habilitó al juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, para conocer de todas las medidas relacionadas con el congelamiento preventivo de bienes provenientes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En una comunicación de prensa, el CPJ argumentó que el artículo 73 del Código Procesal Penal dispone que corresponde a los jueces de la Instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.
Asimismo, designó como enlace en representación del Poder Judicial de la República Dominicana a la magistrada Kenya Scarlett Romero, juez titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para todo lo referente en las mesas multisectoriales con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ante el grupo de Latinoamérica GAFILAT.
La medida del Poder Judicial fue dada en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenidas en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
La decisión está contenida en la Resolución núm. 24/2017 del CPJ, para la ejecución de la Ley 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Dice que los magistrados José Alejandro Vargas y Kenya Scarlett Romero poseen conocimientos del tema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
República Dominicana es compromisaria de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adopta las realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para prevenir y combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo, informó el CPJ.
Plantea también que la Convención Interamericana contra el Terrorismo tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo a través de medios compatibles con la vigencia del Estado de Derecho y las libertades públicas.
