DICEN PUNTO COM
Santo Domingo.- La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copppal, rechazó la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de la Ley “Inversión Condicionada para Nicaragua 2017”, conocida como “Nica Act” que busca condicionar las aprobaciones de préstamos por parte de los organismos financieros a Nicaragua.
En un comunicado firmado por su presidente, el dominicano, Manolo Pichardo, la conferencia sostuvo que los sectores que promueven esta ley desatienden los problemas propios de los estadounidenses como la desigualdad que se profundiza en detrimento de los derechos de las minorías y los más pobres.
“Se ensañan contra Nicaragua que avanza en el afianzamiento de su democracia, y hacen silencio cómplice con países donde se quiebra el orden institucional y democrático, en donde se violan los derechos humanos de forma descarada, solo porque responden a los dictámenes de las fuerzas conservadoras que quieren revivir la época en que América Latina era su patio trasero” enfatizó Pichardo.
El líder de la entidad indicó que los mismos que impulsan esta ley son los que silencian la corrupción que carcome amplios sectores de su sociedad, la cual vive soterrada en el lavado de dinero del crimen organizado como lo denunció el intelectual estadounidense James Petras, al expresar, que la economía de su país sobrevive por lavar más del 50 por ciento del dinero sucio que circula en el mundo.
Para la Copppal órgano regional que integra a más de 60 partidos de corte progresista del continente, esta ley vulnera la soberanía del pueblo nicaragüense y lo que intenta es debilitar a Nicaragua como se pretende hacer con otros gobiernos progresistas de la región.
“Quieren continuar desestabilizando a América Latina para luego ponerla al servicio de sus intereses económicos y geopolíticos” aseveró, el también expresidente del Parlamento Centroamericano.
La Conferencia llama a los líderes estadounidenses a tratar con respeto a Nicaragua y al resto de los países de América Latina que “tienen el derecho, igual que ellos, a definir la forma en que organizan sus sociedades”.
