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Estados Unidos .- El destino de 800.000 jóvenes está a punto de torcerse en Estados Unidos. Tras meses de tira y encoge, el presidente Donald Trump está decidido, según medios estadounidenses, a suspender la orden que permite permanecer en el país a los “dreamers”, los inmigrantes sin papeles que llegaron siendo menores.
La decisión, que aún podría ser cambiada, se anunciaría el martes y vendría acompañada con una prórroga de seis meses para que el Congreso pueda buscar una salida. Su promesa electoral fue acabar con este programa, aprobado por Barack Obama en verano de 2012 y que nunca ha gozado de las simpatías de los republicanos.
La inmigración se ha vuelto uno de los puntos fuertes de Trump. Gran parte de los votantes republicanos, pero también un buen número de demócratas, son partidarios de la mano dura con los extranjeros sin papeles. El presidente es consciente de ello. Y siempre que puede, aprieta las tuercas migratorias para hacer olvidar sus fracasos.
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La estrategia, hasta ahora, le ha permitido conservar prácticamente intacto su poderío electoral. Pero esta vez los efectos son menos claros. Los afectados no forman parte de los espectros habituales del crimen y la marginalidad, sino que son los inmigrantes más jóvenes e integrados, aquellos que sienten Estados Unidos como su país y que se han esforzado en cumplir sus leyes y progresar.
Los beneficiados por el programa DACA encarnan como pocos el sueño americano. Para ser aceptados, deben haber entrado en Estados Unidos con menos de 16 años, no tener los 31 años cumplidos en junio de 2012 y haber vivido permanentemente en el país desde 2007.
También se les exige que carezcan de antecedentes y que estén estudiando o tengan el bachillerato terminado. A cambio se les permite estudiar, trabajar y conducir, así como acceder a la seguridad social y disponer de una tarjeta de crédito.
Finiquitar el programa, reconciliaría a Trump con su base más radical. Después de haber azuzado el miedo al inmigrante, de haberle culpado de la crisis y la inseguridad, le bastaría acogerse a una interpretación rigorista de la ley para abrir las puertas a la posible expulsión de los 787.580 jóvenes acogidos al programa.
Fuente: El Pais
