DICEN PUNTO COM
GUATEMALA. La decisión del presidente Jimmy Morales de declarar persona no grata y expulsar del país al abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), abre una crisis institucional en el país.
A esta especie de pugna entre la presidencia y el abogado colombiano, así como con la Corte de Constitucionalidad, que amparó al titular de la CICIG y dejó en suspenso la decisión del mandatario, se unió la fiscal general, Thelma Aldana.
Todo empezó con la denuncia de Aldana de que Jimmy Morales iba a la sede de la ONU a pedir la destitución de Velásquez.
Durante la reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el pasado viernes, el mandatario se quejó del trabajo del jurista colombiano pero sin solicitar su remoción, y ese mismo día en Guatemala Aldana y Velásquez anunciaron un antejuicio (desafuero) en su contra para que sea investigado por el delito de financiación electoral ilícita.
Allí comenzó el estira y encoge, la medición de fuerza de Morales con el comisionado de la CICIG, y este domingo el presidente le dio un golpe de tajo al pedirle que abandone “inmediatamente” el país.
En un mensaje divulgado por redes sociales, el mandatario se limitó a informar de que su decisión la tomó basado en la facultad que le otorga la Constitución Política, la Convención de Viena y el acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala en 2006 para crear la CICIG.
Expertos y dirigentes políticos temen que la eventual expulsión del abogado colombiano, que dirige el ente de las Naciones Unidas desde 2013, provoque el aislamiento internacional, ya que son varios los países que dan financiación para que la CICIG coopere con el país a combatir la corrupción y la impunidad.
Además, señalan que el mandatario se ha puesto a nadar contra la corriente, que está acarreando una inestabilidad para el país y abriendo una nueva crisis.
La diputada opositora Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, advirtió de que la decisión del mandatario tendrá “graves consecuencias” porque está generando una crisis institucional interna.
El Ministerio Público
