DICEN PUNTO COM
La Policía Nacional impidió ayer, en tres ocasiones, el acceso de los integrantes de Marcha Verde a la zona donde se construyen las plantas de Punta Catalina.
Los manifestantes, que partieron del Parque Central de Baní, recorrieron varias calles de esa localidad y posteriormente se unieron a una no muy concurrida caravana que se desplazó por la autopista 6 de noviembre.
Al llegar a la primera entrada de Punta Catalina, fueron recibidos por un cordón policial, en el cual participaron además guardias adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Autoridad Metropolitana del Transporte, quienes obstaculizaron el ingreso.
Seguidamente se desplazaron hacia la carretera de Nizao, para tratar de acceder por la otra entrada y ahí el panorama no fue diferente: la policía les impidió entrar. Ya molestos y gritando consignas violentas, los manifestantes se trasladaron al Parque de Nizao y de ahí hasta Las Norias, donde queda otra entrada hacia el proyecto Punta Catalina.
En ese lugar fueron recibidos por otro cordón policial. Resignados, los integrantes del colectivo Marcha Verde leyeron un comunicado en el cual exigieron la anulación inmediata del contrato firmado entre el Gobierno del presidente Danilo Medina y la empresa Odebrecht para construir las generadoras.
Dicen acuerdo con Odebrecht es nulo
El escrito fue leído por Héctor Turbí, quien señaló que están optimistas y esperanzados porque durante los últimos meses se produjeron en el país las mayores movilizaciones contra la impunidad y a favor de la justicia social, que haya conocido la República Dominicana.
“Declaramos nulo el acuerdo de la Procuraduría con Odebrecht, y exigimos que Odebrecht sea procesada. ¿Dónde están las pruebas de los 92 millones de dólares?, ¿Quiénes lo recibieron y dónde están las pruebas?”, cuestionó.
Además rechazó el informe de la Comisión Presidencial de Punta Catalina, el contrato de la CDEEE con Odebrecht, y el contrato de arrendamiento de los terrenos donde se construye la planta.
Exigen se investigue a funcionarios de Baní
Exigieron además que sean investigados funcionarios provinciales y locales de Peravia, como el senador Wilton Guerrero, y los alcaldes de Baní y Catalina, Chacho Landestoy y Juan (Caballón) Lugo, “quienes han sido señalados como repartidores de dinero de Odebrecht en la provincia, tanto para hacerse cómplices de las irregularidades del proyecto como la emisión de cartas de no objeción ilegales”.
